El Gobierno se reúne con los asesores del voto exterior una semana antes de la campaña para «analizar retos y oportunidades»

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha reunido este viernes con los consejeros que representan a los españoles en el extranjero justo una semana antes de que se inicie oficialmente la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El objetivo de la cita ha sido «analizar retos y oportunidades» y «reforzar vínculos» con la ciudadanía española en el exterior. Este organismo ha sido uno de los mayores defensores del voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos que el Tribunal Supremo ordenó sacar del censo de cara a los próximos comicios.

La Secretaría de Estado de Migraciones, encabezada por la ex responsable de Políticas Migratorias y del PSOE Exterior, Pilar Cancela —ausente en la reunión celebrada este viernes—, se ha dado cita con el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) en lo que han denominado una «reunión de trabajo».

El CGCEE es un organismo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, que ejerce como ente «consultivo y asesor» de la propia cartera en los temas que afectan a la ciudadanía en el exterior.

En este caso, de la cita entre el ministerio y su órgano asesor no ha trascendido más información sobre qué temas en concreto se han tratado o cuáles han sido las conclusiones de la reunión, más allá de un mensaje en las redes sociales en el que informaban de la misma.

En él, se ha anunciado que los consejeros del CGCEE se han visto con los representantes de Migraciones «para analizar los retos y oportunidades de las Asociaciones y Centros Españoles en Iberoamérica», así como «la importancia de mantenerlos» con el objetivo de «reforzar vínculos de la diáspora con España».

La mesa la ha presidido la directora general de Ciudadanía en el Exterior, Elena Bernado, y junto a ella ha estado Isabel María González, jefa del Área de la División de Retorno de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

En esa misma línea, este mismo viernes desde el Ministerio de Elma Saiz han pedido a los ciudadanos españoles en el exterior que acudan al CGCEE: «Infórmate cómo puede ayudarte».  Y lo han puesto en valor por su «finalidad de garantizar la participación de los españoles en el extranjero en asuntos que les conciernen y promover la colaboración con las administraciones públicas».

Ampliación del órgano asesor

Esta misma semana, el Consejo de Ministros ha aprobado ampliar este organismo asesor para pasar de los 43 a los 51 miembros electos que componen el CGCEE. Una de las funciones que se les atribuyen por normativa es la de «formular propuestas y recomendaciones en relación con los objetivos y la aplicación de los principios inspiradores de las políticas dirigidas a la ciudadanía española en el exterior».

Siguiendo este mandato, se redactó en 2025 un documento sobre las «dificultades en el ejercicio del voto desde el exterior» tras la reforma de la Ley de Régimen Electoral General (LOREG). Un informe en el que proponía una serie de «mejoras que contribuyan a subsanar los actuales problemas y a mejorar la participación».

El informe se redactó mientras la Ley de Nietos permitía a los descendientes de exiliados adquirir la nacionalidad y el sufragio activo. Sin embargo, sus efectos electorales fueron suspendidos por el Supremo. El Ejecutivo y sus socios criticaron la decisión del Alto Tribunal a la vez que restaban importancia al impacto de esa norma en los comicios: argumentaban que la participación exterior estaba por debajo del 10% y que apenas cambiaría un escaño. Mientras tanto, sus organismos redactaban ese documento para «mejorar la participación» de los españoles en el extranjero, lo que redundaría en una mayor influencia en unas futuras elecciones.

Sin embargo, el Supremo finalmente exigió al Gobierno sacar del censo a los extranjeros que adquirieron su nacionalidad después de haber obtenido la ciudadanía sin haber demostrado el exilio de sus ascendientes. En otras palabras, los que se nacionalizaron por la instrucción de Sofía Puente, la hermana del ex ministro de Transportes, que extendía las nacionalizaciones más allá de lo que establecía la norma.