El Ministerio de Trabajo gasta 25 millones en «programas de empleo y formación» sólo para menas y ex menas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una inversión de 25 millones de euros en «programas de empleo y formación» destinados sólo a menores extranjeros no acompañados (menas), así como a aquellos mayores de edad cuya «guarda y tutela» había sido asumida por las administraciones hasta cumplidos sus 18 años.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz dio luz verde a la «convocatoria de subvenciones destinadas a financiar programas experienciales de empleo y formación TándEM». Tendrá un importe máximo de 25.055.700 euros. Tal y como recogía el propio Ejecutivo, estas ayudas sólo están dirigidas a personas jóvenes extranjeras cuya guarda y tutela sean o hayan sido asumidas por las administraciones públicas. Es decir, menas o jóvenes que hayan sido menas, pero que hayan cumplido ya más de 18 años.

La decisión del Ejecutivo se basa en la Ley 3/2023 de Empleo, que reconoce, en su artículo 50, a los jóvenes, así como a las personas inmigrantes, como «colectivos vulnerables» que merecen «atención prioritaria». Una descripción entre las que estarían los menores extranjeros o quienes lo hayan sido y den el salto al mundo laboral.

El ministerio de Díaz justifica este programa en la necesidad de que este grupo poblacional pueda «acceder al empleo como instrumento fundamental para su integración social y laboral».

«Tránsito a la mayoría de edad»

El programa de empleo y formación que lleva como título TándEM busca la «activación para el empleo» de estos jóvenes. «Responden a la necesidad de reforzar los instrumentos de inclusión social y laboral dirigidos a personas jóvenes extranjeras que se encuentran o se han encontrado bajo la protección de las administraciones públicas».

Y subrayan que se trata de un colectivo «especialmente vulnerable que afronta mayores dificultades de acceso al empleo y de integración sociolaboral». Un problema que, a ojos de la cartera de Trabajo, se acentúa «en el tránsito a la mayoría de edad y a la vida autónoma». «La convocatoria pretende ofrecer una respuesta adaptada a estas necesidades mediante itinerarios que combinan cualificación profesional y experiencia laboral efectiva», subrayan.

Las ayudas de 25 millones de euros que plantea el Gobierno buscan poner en marcha «acciones de formación» en las que se alterne con el empleo durante doce meses. El Ejecutivo socialista quiere combinar «el aprendizaje con el trabajo remunerado, favoreciendo la adquisición de competencias profesionales vinculadas a ocupaciones con perspectivas de inserción laboral y alineadas con las necesidades del mercado de trabajo». «Se persigue mejorar la empleabilidad de las personas participantes y facilitar su incorporación estable y sostenible al mercado laboral», añade la administración central.

Por otro lado, el Gobierno propone lograr la «colaboración con entidades sin ánimo de lucro que cuentan con experiencia en la atención y acompañamiento de personas jóvenes tuteladas y extuteladas» con estas ayudas. Todo ello para obtener «una intervención integral que combine las actuaciones de formación y empleo con el apoyo social necesario para alcanzar los objetivos de integración e inclusión».

Trabajo se vanagloriaba de que las ayudas ayudarían a «impulsar una actuación homogénea en todo el territorio nacional y garantizar una respuesta coordinada a las necesidades del colectivo destinatario».

Esta decisión llegó apenas unos días antes de que 80.000 inmigrantes (último dato ofrecido por el Gobierno) cruzaran ilegalmente procedentes de Marruecos el pasado 30 de julio a través del espigón fronterizo de El Tarajal. Una situación que ha dejado colas multitudinarias frente a la Jefatura de Policía de Ceuta debido a la falta de traductores que puedan ayudar a los funcionarios que han llegado para reforzar a los que ya tenía la ciudad autónoma tras la avalancha migratoria.