El Gobierno da 300.000 € a la OCDE para que blanquee su «compromiso anticorrupción» en plenos escándalos

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado la entrega de 300.000 euros a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para poner en valor su plan de «Gobierno abierto» y blanquear su «compromiso anticorrupción» en medio de los escándalos judiciales. La administración socialista está salpicada por una trama de corrupción que ha llevado a prisión preventiva a los dos últimos secretarios de Organización del partido, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, quien también fue ministro de Transportes, así como al ayudante de éste, Koldo García.

El Consejo de Ministros aprobó este martes una contribución por valor de 300.000 euros al programa internacional Estudio de la OCDE sobre Gobierno Abierto-España. Hacia una Estrategia de Gobierno Abierto para la Administración General del Estado.

Según el Ejecutivo, el principal objetivo de este plan es «apoyar a España en la reforma de la administración central». Y es que argumenta que esta brinda «una perspectiva externa para establecer una Estrategia de Gobierno Abierto» y permite «crear sinergias con otras iniciativas y otros procesos administrativos, institucionales y legales relevantes».

Sin embargo, el Gobierno vincula este proyecto con el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Apuntan desde la administración central que éste «da cumplimiento a los compromisos adquiridos en la Ley de Protección del Informante y despliega una estrategia de acción en materia de transparencia, buen gobierno de las Administraciones», pero también «combate la corrupción».

Todo ello, como indican desde el Ejecutivo, se realiza a través de la incorporación de «importantes aportaciones de la sociedad civil» y gracias al «trabajo conjunto con el Foro de Gobierno Abierto y de expertos de anticorrupción e integridad en el Gobierno de la OCDE».

«Una administración abierta»

El estudio que ha financiado el Gobierno persigue una serie de objetivos, entre los que están «consolidar el movimiento del país» hacia una «administración abierta». También pretenden la implementación de esos principios «en todas las ramas de la administración central, en coordinación con todos los niveles de gobierno, nacional y local, así como reforzar la participación ciudadana y el espacio cívico».

Por otro lado, el documento final que presente la OCDE deberá incluir «un balance de años de implementación de reformas de gobierno abierto» con lo que se pretende «fortalecer las sinergias existentes». Por último, buscará «identificar mejores prácticas con el fin de replicarlas en diferentes niveles de gobierno e internacionalmente».

«España ha colaborado estrechamente con la OCDE en el ámbito del gobierno abierto desde hace muchos años, participando activamente en la elaboración de la Recomendación de Gobierno Abierto y siendo uno de los miembros más activos del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Gobierno Abierto», se vanaglorian desde el Ejecutivo socialista.

Escándalos judiciales del PSOE

Todo ello mientras varias investigaciones judiciales apuntan al PSOE. Por un lado, el Tribunal Supremo investiga las presuntas mordidas cobradas en el supuesto amaño de adjudicaciones de contratos públicos por parte de varios socialistas muy próximos a Sánchez: Ábalos, Koldo y Cerdán.

Por otro lado, la Audiencia Nacional ha solicitado al partido con sede en la madrileña calle de Ferraz todos los pagos efectuados por el PSOE para comprobar la legalidad de las entregas en metálico de la formación liderada por Pedro Sánchez.

El último escándalo que ha salpicado al partido ha sido el que involucra a la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez. La ex militante socialista está imputada por cohecho y tráfico de influencias por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid.

Leire Díez está siendo investigada por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil, con los que, según el juez, pretendía malbaratar investigaciones judiciales. La fontanera del PSOE ofrecía beneficios judiciales a cambio de información sensible contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita.