Los funcionarios en pie de guerra contra Sánchez por el IPC: exigen ya una subida salarial

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Carlos Cuesta

El clima social le estalla a Pedro Sánchez. Mientras no logra apaciguar a los camioneros, el nuevo dato del IPC, en el 9,8%, le acaba de abrir una guerra con el resto de sectores. Y uno de ellos es especialmente delicado por su volumen e implicación en la Administración: el de la función pública. El CSIF acaba de exigir una reunión urgente con el Gobierno porque pactaron una actualización de los sueldos de un 2% a cierre del año pasado y ahora el coste de la vida ha convertido esa supuesta actualización en una bajada real de los salarios de todos los españoles y, por lo tanto, también de los funcionarios.

El gran sindicato de la función pública, CSIF, acaba de exigir al Gobierno una reunión urgente para abordar la repercusión de la crisis sobre las administraciones públicas, tras el dato del IPC. “La subida de precios es ya insoportable y empuja a la exclusión y empobrecimiento de miles de familias españolas”, destacan fuentes del sindicato.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) quiere una reunión inmediata con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero y la pide sin tapujos: “Para abordar la repercusión de la crisis sobre los servicios que reciben los ciudadanos y el poder adquisitivo de los trabajadores de nuestras administraciones públicas”. Es decir, para reabrir la negociación salarial. Y en este caso, esa negociación podría afectar a un total de más de tres millones de personas, algo que puede terminar de descontrolar las cuentas de un Pedro Sánchez que se resiste a las rebajas de impuestos ante la evidencia de que preparar un plan real de ayuda a los colectivos afectados por la inflación le llevaría a tener que revisar su política de gastos de forma integral y no está dispuesto a ello.

El dato del IPC correspondiente a marzo -9,8%- y la subida de precios de la energía y alimentos “son ya insoportables y están empujando a marchas forzadas a la exclusión y el empobrecimiento a miles de familias españolas. Por su parte, los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo que, con el dato del último mes, se ha disparado por encima del 15 por ciento. Esta situación es insostenible”, señalan desde CSIF.

«Plan insuficiente» de Sánchez

CSIF, el sindicato más representativo de los funcionarios y con presencia creciente en el sector privado, entiende que “el plan de choque aprobado por el Gobierno es insuficiente y coyuntural”. “A nuestro entender, se hace necesario un pacto de Estado y medidas valientes que conlleven la reconversión de nuestro modelo productivo, el modelo energético y nuestro sistema fiscal”, señalan desde el sindicato.

En este sentido, CSIF entiende que las administraciones públicas deben jugar “un papel fundamental como motor de crecimiento y garantía de equidad, especialmente en momentos de crisis. Por eso se debe planificar una respuesta para proteger a nuestras administraciones públicas y que ciudadanos y empleados públicos no salgan perjudicados de esta situación ante eventuales recortes, blindar los servicios públicos, garantizar las ofertas de empleo público y un acuerdo para la subida de retribuciones”, añaden. Y eso significa actualizar la masa salarial de los empleados públicos con datos reales de inflación, no con el 2% pactado.

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