Feijóo hace frente común con Ayuso e impulsa en el Congreso el blindaje a la autonomía fiscal de Madrid
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El Partido Popular lleva al Congreso de los Diputados el blindaje a la «autonomía fiscal» de las comunidades autónomas ante la asfixia impositiva de Pedro Sánchez. El texto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se inspira en las mismas bases que la ley que prepara Isabel Díaz Ayuso para proteger la independencia financiera de la Comunidad de Madrid frente a la intención del Gobierno, anunciada en múltiples ocasiones, de armonizar impuestos como el de Sucesiones y Donaciones y acabar con lo que denominan dumping fiscal. Es decir, para aplicar en la práctica un sablazo a los madrileños y a los habitantes de aquellas regiones, gobernadas por el PP, que se benefician de la exención de estos tributos.
La norma de Díaz Ayuso busca regular la autonomía de ingresos, concretada en la capacidad del Ejecutivo madrileño para regular y ejecutar sus propios tributos, los recargos sobre impuestos estatales y los impuestos cedidos por el Estado. Con esa ley, el Ejecutivo madrileño avala que la Asamblea de Madrid y los órganos superiores de Gobierno y Administración autonómica reaccionen con todos los mecanismos de que dispongan ante cualquier ley, disposición normativa o acto del Estado «que infrinja la corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera de la región».
El texto registrado en el Congreso por el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a «respetar el principio constitucional de autonomía financiera de las comunidades autónomas y, en consecuencia, a asumir las bases de la organización territorial española en lo que se refiere, en particular, a la capacidad de las comunidades autónomas para decidir libremente sus ingresos y gastos en el marco de sus competencias».
Los populares recuerdan que el Gobierno de Sánchez «ha anunciado en repetidas ocasiones su voluntad de armonizar distintos impuestos cedidos a las comunidades autónomas, en particular, los de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones».
Esa armonización, alertan, «esconde, en la práctica, un ataque frontal a las competencias y a la autonomía fiscal de ciertas comunidades autónomas» pues «se les niega, de esta manera, la libertad para fijar las tarifas, reducciones, bonificaciones o exenciones que consideren oportunas para sus residentes».
«Más aún, el Gobierno se ha cuidado muy mucho de aclarar que la referida armonización no se aplicaría a los territorios históricos del País Vasco ni a la comunidad foral de Navarra», añaden.
«Artimaña»
Según el partido de Núñez Feijóo, «esto significa, en la práctica, que lo que se busca con esta artimaña fiscal es subir la presión fiscal en comunidades autónomas de signo político contrario al del Gobierno de la Nación y, en particular, en Galicia, Madrid, Andalucía, Castilla y León y Murcia».
Advierten, además, de que la intención de Sánchez de unificar los impuestos, obligando así a estas regiones a imponerlos, «es contraria al principio constitucional de la autonomía financiera de las comunidades autónomas previsto en la Constitución».
El Tribunal Constitucional, se recuerda, ha señalado que la autonomía financiera de las comunidades autónomas es «un instrumento indispensable para la consecución de la autonomía política» de las regiones.
«Es verdaderamente llamativo que quienes más se precian en defender una España federal y plurinacional sean los que, al mismo tiempo, se nieguen a respetar la autonomía política de aquellas comunidades autónomas que quieran bajarles los impuestos a sus ciudadanos», añade la iniciativa del PP.
El PSOE siempre ha enarbolado entre sus propuestas la unificación de los impuestos, lo que atacaría gravemente a aquellas comunidades que los tienen bonificados, como ocurre en Madrid. De hecho, el comité de expertos al que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encargó el diseño de la futura reforma fiscal incluye entre sus propuestas el establecimiento de un mínimo para Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.
La reivindicación coincide con Podemos, que exige a Sánchez que aplique ya esa política fiscal. La propuesta de la formación morada en impuestos supondría un golpe de 30.000 millones de euros al año, el grueso de los cuales, unos 10.000 millones, vendría por el impuesto de Patrimonio.
El presidente socialista, mientras, se niega a aceptar la propuesta de Feijóo para aliviar la carga fiscal a los españoles, entre otras medidas, con la deflactación del IRPF y la rebaja del IVA a la luz y el gas.
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