Condena a la Confederación del Júcar por multas ilegales a regantes: «Mientras tanto no limpian El Poyo»

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha condenado en costas a la Confederación Hidrográfica del Júcar por multar de forma ilegal a agricultores de regadío. Se trata de casos que ponen de manifiesto graves irregularidades en los procedimientos sancionadores y que coinciden con las críticas por la falta de limpieza de cauces como el barranco de El Poyo, cuyo desbordamiento contribuyó a la tragedia de Valencia donde murieron 225 personas.

Según la sentencia que desvela OKDIARIO, el tribunal ha estimado el recurso presentado por dos agricultores contra sanciones que superaban los 17.000 euros, al considerar que la Confederación controlada por un cargo del PSOE basó sus multas en un «acta resumen» sin firmar, del que «se desconoce su origen, sus fuentes y su autoría», y que resulta «radicalmente inidóneo para constituir prueba de cargo en un expediente sancionador».

La resolución judicial señala que «falta un elemental principio de prueba de los hechos imputados» y cuestiona que no se aportaran elementos básicos como «fotografías de las parcelas, métodos de medición, estado de los cultivos o criterios de evaluación del agua presuntamente consumida».

OKDIARIO ha hablado con Juan Ángel, uno de los agricultores afectados la localidad de El Picazo. Denuncia un patrón sistemático de multas ilegales. «Nos han embargado 88.000 euros, a razón de 22.000 euros por cada una de las cuatro sanciones», explica, que ya ha ganado dos recursos judiciales y espera resolución favorable para los restantes.

«Las fotografías que aporta la Confederación no corresponden con la realidad. No puede decir que en agosto la cebada está así de alta, cuando la cebada tiene que estar segada en agosto, o que en mayo la tierra estaba arada cuando la cebada en mayo está con la espiga a punto de ser cosechada. Tienen un rigor nulo», relata indignado.

El modus operandi descrito por los afectados sugiere un sistema casi automatizado: «Llegan un par de cartas certificadas, tienes unos plazos para recurrirlas, las recurres, dejan que se pasen los plazos y no te contestan. De repente recibes una carta de Hacienda diciendo que te van a embargar si no haces frente a la sanción».

La situación ha generado especial indignación entre los agricultores después de la catástrofe en Valencia, donde la falta de limpieza y mantenimiento de cauces como el barranco de El Poyo ha sido señalada como uno de los factores que agravaron las inundaciones que provocaron numerosas víctimas mortales.

«Les interesa almacenar mucha agua en los pantanos para que luego se rompan presas o se desborden cauces», denuncia el afectado, que añade: «El Ayuntamiento ha solicitado a la Confederación que limpien las ramblas, que las dejen transitables para el agua, y no hay respuesta».

Este regante afirma que su municipio en Cuenca también sufrieron inundaciones similares en 2019: «Llovió de turbión en la parte de arriba del pueblo, en los cerros. Contenedores, ramas, árboles, pinos… todo lo arrastró. Se taponó el puente y empezó a inundar hacia atrás. Escuelas, casas, todo inundado. Y aquí no hubo ayuda de nadie, sólo de los vecinos y gente de pueblos cercanos».

La abogada de estos agricultores que han vencido a la Administración en los tribunales, Mamen Algarra, señala a OKDIARIO que estos casos ponen de manifiesto una gestión deficiente: «Estamos muy tranquilos porque sabíamos que íbamos a ganar. La Confederación aporta informes y fotografías que no corresponden con la realidad de los cultivos, lo que demuestra una falta de garantías total».

Ante la pregunta de qué hay realmente detrás de estas sanciones, los agricultores tienen clara su respuesta: «Son recaudatorias, como las denuncias de la DGT. Si quieren podrían dar soluciones, como darte más caudal si lo solicitas o instalar métodos de medición adecuados. Pero mientras el dinero está en su bolsillo, no está en el tuyo».

Los afectados también cuestionan la gestión centralizada del Júcar: «No puede ser que la Confederación se esté gestionando en la desembocadura, porque no se gestiona en el nacimiento o a mitad de cuenca. El Júcar nace aquí, pero a todo tenemos que desplazarnos a Valencia».

Condena en costas

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia impone las costas a la Confederación Hidrográfica, limitando los honorarios de abogado a 2.000 euros. Ahora, los agricultores esperan recuperar los 88.000 euros embargados, con los intereses correspondientes de los dos años transcurridos desde que les fue retirado el dinero.

El caso ha reavivado el debate sobre la gestión de las cuencas hidrográficas en España y la necesidad de un cambio de modelo que, según los afectados, debería centrarse menos en la recaudación mediante sanciones y más en el mantenimiento adecuado de los cauces para prevenir tragedias como la ocurrida en Valencia.