El CGPJ se planta ante la amnistía de Sánchez: «Abole el Estado de Derecho por un interés personal»

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este lunes una dura declaración institucional contra la futura ley de amnistía que impulsa el PSOE con partidos independentistas que beneficiará precisamente a los promotores del procés. En un pleno extraordinario a propuesta de ocho vocales, se ha impuesto la mayoría a favor del pronunciamiento. Los vocales muestra de forma oficial su «intensa preocupación y desolación» por la norma que ultima Pedro Sánchez para conseguir una nueva investidura como presidente el Gobierno.

Fuentes del CGJP informan que con 9 a favor, cinco en contra y un voto en blanco ha salido adelante el pronunciamiento. El presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte, ha votado en blanco y redactará una explicación de su postura en el que evidenciará que no está de acuerdo con la ley de amnistía, pero considera conveniente esperar a su tramitación. Sale a favor, por tanto, con una mayoría de tres quintos este varapalo del órgano de gobierno de los jueces al Ejecutivo central.

Guilarte convocó esta reunión extraordinaria después de que el pasado 1 de noviembre ocho de los 16 vocales que integran actualmente el CGPJ solicitaran estudiar, votar y emitir una declaración institucional en este sentido. En un comunicado publicado el jueves pasado, el órgano recordó que tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) como el reglamento de organización y funcionamiento del CGPJ determina que se tienen que celebrar una sesión extraordinaria si lo ve necesario el presidente o cinco o más vocales. En otras ocasiones el Consejo ya se ha posicionado. Por ejemplo, cuando Pablo Iglesias ha puesto en cuestión a la Justicia española.

Por su parte, el vocal Álvaro Cuesta, que no firmaba la petición de reunión extraordinaria y no ha estado presente en el encuentro, envió este domingo un escrito a Guilarte solicitando desconvocar la cita al tacharla de «manifiestamente ilegal» porque su finalidad es contraria «al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales» del CGPJ.

En este marco, consideraba que en el «panfleto político» que sus colegas pedían elevar como declaración institucional «se descalifica y ataca una eventual proposición de ley de amnistía, aún no presentada ni registrada en el Congreso, y los eventuales acuerdos políticos o decisiones parlamentarias sobre la posible investidura del presidente de Gobierno, calificándola de ilegal e inconstitucional».

«Según proponen los firmantes de la proclama, el CGPJ, de manera imprudente y arbitraria, debería negar la constitucionalidad de una proposición de ley de amnistía, cuyos términos y alcance desconoce, y considerar que violenta la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, en una pretendida competencia y función de control de constitucionalidad y de conformidad con el Derecho de la UE, de la que carece», defendía Álvaro Cuesta. Posteriormente, Guilarte le respondió horas después para aclarar que el pleno no se desconvocaba, recordándole la legislación del CGPJ citada.

En todo caso, el resto del sector contrario a la declaración contra la ley de amnistía no han seguido su ejemplo. El quorum de 10 vocales más el presidente que se requería para que el cónclave sea válido no ha corrido peligro.

«Degradación para el país»

Los ocho vocales nombrados a propuesta del Partido Popular esgrimían que la ley de amnistía tendrá efectos de «degradación» para el país, «cuando no de abolición del Estado de Derecho en España». En este sentido, remarcaron igualmente que cuando se aplique la amnistía a los encausados por el procés el Estado de Derecho en España «pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España».

Estos vocales reconocían ver «con creciente preocupación» las declaraciones que sobre esta medida han realizado los partidos independentistas en las últimas semanas. Y expresaron su temor a que ésta afecte no sólo a los acontecimientos relacionados con el referéndum de 2017, sino también a otros anteriores, entre los que habría «delitos de corrupción», y también posteriores, cometidos «para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la Justicia».

En un principio, estos vocales se inclinaron por mantener una «actitud de prudente expectativa» mientras esas declaraciones no fueron respaldadas por el presidente del Gobierno en funciones, pero, tras las declaraciones de Sánchez en el Comité Federal del PSOE, confesando que la amnistía es necesaria para lograr apoyos a su investidura, decidieron que era vital un pronunciamiento del CGPJ.

En su escrito, los firmantes lamentaban expresamente que la ley se vaya a pactar con partidos como Junts, «dirigido por un prófugo de la Justicia que se beneficiará personalmente de la medida», en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont. Y cargaron contra Sánchez por defender que la amnistía se adoptará en «interés de España» para «impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral».

«Confundir el ‘interés de España’ con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política», exponían. Además, mantenían que con esta medida se «violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico», la Constitución y el Tratado de la Unión Europea.