Bustinduy persigue a las empresas de las colonias israelíes mientras Urtasun las contrata en Cultura

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha anunciado que perseguirá a las empresas procedentes de los «territorios ocupados», es decir, las colonias israelíes en terreno palestino. Todo ello mientras el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mantiene en vigor su contrato con una compañía a la que su propio partido acusa de tener la sede en un «asentamiento ilegal».

La cartera de Bustinduy ha anunciado que «va a investigar a empresas que publicitan en España servicios prestados o productos hechos en los territorios palestinos ocupados por Israel». Consumo ha señalado que responde de esta forma al Real Decreto que aprobó el Gobierno la semana pasada para ejecutar el veto a Israel que Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo, había anunciado a principios de mes.

El Ministerio del político de Sumar alude al artículo 4 de la normativa aprobada por el Ejecutivo «contra el genocidio en Gaza». Ese precepto prohíbe «la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos». La norma reconoce como «asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado» los que proponga el Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares.

Utilizando esta base normativa, Bustinduy ha anunciado que «la Dirección General de Consumo investigará a las empresas que estarían aprovechándose de esta ocupación». La cartera del político de Sumar apela a un informe publicado en julio por Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos, en el que señalaba a varias empresas por «contribuir» a la llamada «economía del genocidio».

El objetivo del Ministerio de Asuntos Sociales es evitar «mantener esta oferta de servicios en España» porque, de hacerlo, podría «perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio de Israel», según la cartera de Bustinduy. «Los negocios que se lucran de la ocupación son considerados una actividad ilícita por el derecho internacional», subraya la nota de prensa de Consumo.

Contrato de Urtasun con la empresa israelí

Sin embargo, todo ello ocurre al mismo tiempo que el Ministerio de Cultura mantiene los contratos suscritos con la empresa israelí Ex Libris para utilizar sus programas de gestión bibliotecaria. El contrato asciende a casi 1,4 millones de euros. Todo ello a pesar del boicot que promueve Sumar no sólo a las compañías asentadas en colonias israelíes, sino concretamente a la firma propietaria de este servicio.

En 2022, Cultura inició un proceso para utilizar este nuevo programa para asegurar la «modernización» del sistema que usa la Biblioteca Nacional para la gestión adecuada de su colección. Desde entonces, el organismo público usa el software Alma, principalmente, además de otros dos: Primo y Sandbox Premium.

Desde Cultura indicaron que el proceso para volcar todos los datos fue «complejo y de gran envergadura» y que «supuso la transferencia de cerca de 40 millones de datos». La cartera de Urtasun señala que el software es «propiedad exclusiva» de la empresa israelí. Algo que, a ojos de la Biblioteca Nacional, «implica la inexistencia de una alternativa de proveedor capaz de suministrar directamente estas herramientas específicas y de mantener la integridad y operatividad del sistema actual sin incurrir en una nueva y compleja migración de datos y configuraciones».

Ex Libris tiene su cuartel general en Jerusalén. Concretamente en el Malha Technology Park, donde Sumar alega que se produjo la limpieza étnica de poblaciones palestinas, en lo que definen como «territorios ocupados».

De hecho, Sumar exigió que «no se continúe con la licencia del programa informático Alma en las bibliotecas públicas del país» y que «se rescinda cualquier contrato con empresas israelíes o de capital israelí que operen en España». Algo que no ha tenido impacto sobre el acuerdo entre Cultura y la empresa del Estado hebreo.