Bruselas también reprueba al fiscal general: exige que la divulgación de datos se «ajuste a la ley»

La Unión Europea ha sido clara con los casos de revelación de secretos como los que han provocado la imputación en el Tribunal Supremo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por la filtración de unos correos para dañar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Comisión ha recordado, tras ser preguntado por el máximo representante del Ministerio Público, que «el tratamiento y la divulgación de datos personales o confidenciales deben ajustarse estrictamente a la normativa europea y nacional».

El Ejecutivo comunitario ha respondido a una pregunta del eurodiputado del PP Adrián Vázquez sobre «la revelación de secretos presuntamente perpetrada por parte de las altas instancias del Estado, que incluye la investigación formal del fiscal general». El representante popular recordaba que la instrucción implicaba incluso a la Presidencia del Gobierno.

El que fuera también diputado de Ciudadanos advertía de que, «de confirmarse», sería «un duro golpe al Estado de Derecho» porque se estaría intentando «influir en la política regional a través del uso indebido de información protegida por secreto judicial». Vázquez aludía a la implicación que esta revelación de secretos tendría para el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid.

En ese sentido, consulta a la Comisión Europea cómo «garantizar» el respeto en España de «los principios de confidencialidad, la protección de datos judiciales y la separación de poderes». También interroga al Ejecutivo europeo si esas divulgaciones «podrían vulnerar los estándares democráticos y de Estado de Derecho». Y por último, solicita conocer las acciones que podría tomar Bruselas para «prevenir y, en su caso, sancionar» este tipo de prácticas en las que se dé un «uso indebido de información confidencial para influir en procesos democráticos a nivel regional o nacional».

La Comisión ha respondido que el Gobierno de España debe encargarse de la defensa del Estado de Derecho. Tal y como señala el organismo encabezado por Ursula von der Leyen, depende de nuestro país garantizar que los procedimientos judiciales se hacen de modo «imparcial, independiente y transparente».

Un «factor primordial» en la UE

La Unión Europea recuerda a Sánchez que es un «factor primordial para el éxito de la UE» que se respete «la democracia y la primacía de la ley». Y se atribuye a la Comisión la «labor» de consolidar este tipo de valores en el club comunitario como «guardiana de los Tratados». En ese sentido, asegura que «seguirá colaborando con las autoridades españolas en el marco del ciclo del Estado de Derecho».

Por otro lado, también se pronuncia sobre la divulgación de datos privados como por los que se investiga al fiscal general. El Supremo indaga sobre si García Ortiz reveló información secreta sobre Alberto González Amador, pareja de Ayuso. «El  tratamiento y la divulgación de datos personales o confidenciales deben ajustarse estrictamente a la normativa europea y nacional», incide la Comisión Europea, respondiendo a la pregunta sobre el máximo responsable del Ministerio Público.

La principal normativa europea en este aspecto es el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), pero el Ejecutivo comunitario recuerda que «el control de su cumplimiento son competencia de las autoridades nacionales». Concretamente, se refiere a «las autoridades independientes de protección de datos y los órganos jurisdiccionales nacionales», a los que el organismo encabezado por Von der Leyen reconoce sus «competencias necesarias», entre las que se incluyen «los poderes de investigación y corrección».