Puigdemont contra el Constitucional: el golpista no ha ganado ninguna de las 14 recusaciones de jueces

Este miércoles se dirime en el Tribunal Constitucional la enésima batalla de del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra los magistrados que deciden sobre cuestiones relativas al procés. El tribunal se ha visto obligado a incluir en el orden del día las recusaciones presentadas contra Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, ambos jueces recientemente incorporados a propuesta del Partido Popular y a quienes el líder separatista no considera «imparciales». Una estrategia, la de vetar a jueces para dilatar los procesos que le atañen en España, con la que el eurodiputado de Junts Per Catalunya ha fracasado hasta en una decena de ocasiones. Desde los albores del procés, Puigdemont acumula un total de 14 intentos de apartar a jueces. De ellos, ninguno ha prosperado.

Los incidentes de recusación presentados contra Arnaldo y Espejel a los que debe dar respuesta el Constitucional, sin embargo, pone contra las cuerdas al tribunal de garantías, toda vez que, en el improbable caso de aceptarse, podría quedarse sin el quorum necesario para resolver los  recursos sobre el proceso soberanista pendientes, ya que uno de los magistrados Alfredo Montoya, se encuentra de baja. Y es que el Constitucional sólo puede adoptar acuerdos cuando están presentes, al menos, dos tercios de los miembros que en cada momento lo componen y cabe recordar que, en el Constitucional, hay ya dos magistrados, Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido, que decidieron por propia voluntad abstenerse de participar en la resolución de los recursos del procés. Ambos tomaron la decisión después de que los dirigentes del proceso independentista presentaran sendas recusaciones.

Pero esta no es la primera vez que Carles Puigdemont alega parcialidad de los magistrados. Contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena también se ha dirigido uno de estos escritos. La defensa de Puigdemont ha recusado al instructor del procés por aceptar un premio de la Fundación Villacisneros, una institución que, según argumenta el abogado, «ha venido reclamando, incluso desde antes de que se iniciara esta causa penal, el encarcelamiento» del ex presidente de la Generalitat. Entiende, de este modo, considera que ello le «priva manifiestamente»de la «imprescindible imparcialidad en relación con esta causa». Mientras se dirime la legitimidad de Llarena para seguir al frente de la instrucción, el magistrado no podrá avanzar con las cuestiones pendientes, como la respuesta al Tribunal General de la Unión Europea relativa a la inmunidad europarlamentaria del fugado.

Un intento de burlar la Justicia

La artimaña del líder separatista se remonta a los albores del procés. Antes incluso de que se iniciara la causa penal, en septiembre de 2017, y previamente a que tuviera lugar el referéndum del 1 de octubre, Carles Puigdemont recusó al entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, tras admitir éste la querella de la Fiscalía relativa a la firma del decreto de convocatoria de dicha votación. El incidente de recusación se dirigía además contra los magistrados José Francisco Valls y Carlos Ramos, que formaban parte de la Sala que admitió a trámite la querella, así como contra Mercedes Armas, como instructora de la misma.

Tan sólo cuatro días después de presentarse la recusación, el tribunal la rechazó de forma contundente, al tiempo que vaticinó lo que estaba por venir. Los magistrados definieron la artimaña de Puigdemont como «un burdo intento de burlar el derecho al tribunal natural predeterminado por la ley para acometer la investigación, y, en su caso, el enjuiciamiento» de la causa penal del 1-O, y censuraba que, con la recusación, el político independentista solo buscaba «dilatar injustificadamente» la investigación al Govern por el referéndum.

Un año después, en 2018, su defensa trató de apartar al total de los magistrados que juzgaban el procés: Manuel Marchena, Andrés Martínez Arriela, Juan Ramón Verdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral. La Sala 61 del Tribunal Supremo inadmitió de plano aquella recusación. Entonces el líder independentista ya se encontraba fugado, por lo que los jueces que pretendía que se apartaran, tal y como adujo la Sala, no serían los mismos que le juzgarían en caso de regresar a España.

Desde entonces, y especialmente en los últimos meses, Carles Puigdemont ha intensificado su estrategia para tratar de desacreditar a la justicia española, que ahora debe resolver las nuevas recusaciones antes de atajar las cuestiones relativas al procés.