Abascal tenía razón pese a las gracietas de Broncano: la «perspectiva de género» es obligatoria para construir viviendas

• Nacho Atanes @nacho_atanes
• Redactor de Nacional en OKDiario. Antes, en deportes y SEO. ignacio.atanes@okdiario.com
• • 10/11/2026 14:07
  • Actualizado: 10/11/2026 14:07

Santiago Abascal, líder de Vox, sacó a la palestra la existencia de regulación relacionada con la «perspectiva de género» en el sector de la vivienda a la hora de construir, durante su entrevista del lunes en La Revuelta, lo que provocó que David Broncano, presentador del espacio de TVE, se mostrara incrédulo ante las afirmaciones del dirigente político. Sin embargo, la legislación española sí contempla expresamente la perspectiva de género como un criterio obligatorio en la planificación urbanística y la ordenación del suelo, tal y como recogen varias normas estatales.

En un momento de la entrevista, Abascal afirmó que «en el mercado de la vivienda hay mucha regulación que tiene que ver con la perspectiva de género para construir vivienda». Broncano mostró su incredulidad con un improvisado «¿cómo?», a lo que Abascal le instaba a hablar «con los constructores» y preguntarles «qué tipo de regulación tienes que respetar».

«Pero eso es imposible, Santiago», respondió Broncano, provocando que Abascal se pusiera serio con el principal problema actual de un importante porcentaje de españoles. «¿Te parece imposible de verdad? Tú crees que en la vivienda no hay impacto de género, lo hay en todo lo que se hace en España en estos momentos», añadió el político.

Abascal tenía razón, y es que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, aprobada durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, ya incorporaba expresamente la perspectiva de género al urbanismo y al diseño de las ciudades.

En su artículo 31.3, este texto normativo establece que las administraciones públicas deben tener en cuenta la perspectiva de género en el diseño urbano y el planeamiento urbanístico. «Las administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia», reza la norma.

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, indica, en su artículo 20.1c), que las Administraciones públicas, «en particular las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística», deberán «atender, teniendo en cuenta la perspectiva de género, en la ordenación de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal, de movilidad, de eficiencia energética, de garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevención y protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente».

La referencia expresa a la perspectiva de género se incorporó a este artículo en 2021, durante el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Por último, la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Acceso a la Vivienda, también incorpora expresamente la perspectiva de género en su artículo 2.ñ). En el mismo, habla de «garantizar la igualdad, desde la perspectiva de género, edad, capacidad y perspectiva territorial, en todas las políticas y acciones en materia de vivienda, a todos los niveles, y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación».

PP y Vox pactaron en 2022

PP y Vox cerraron en octubre de 2022 un acuerdo para aprobar la Ley Ómnibus, en la que se incluía la eliminación de la obligatoriedad de realizar informes de impacto de género en el planeamiento urbanístico de la Comunidad de Madrid.

Esta era una de las principales exigencias del grupo liderado entonces en la Comunidad de Madrid por Rocío Monasterio para votar a favor del Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de Justicia, en el cual se modifican 50 textos normativos, entre los que se encontraban un total de 31 leyes y tres decretos, así como seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos.