El Tribunal de Cuentas advierte al ICO por una «injustificada concentración» de contratos a Everis

Llamada de atención del Tribunal de Cuentas al Instituto de Crédito Oficial (ICO) por la «injustificada concentración de contratos a un solo proveedor», adjudicados todos ellos por la vía de emergencia que permitía el estado de alarma durante la etapa más dura de la pandemia.

El banco público, adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige Nadia Calviño, adjudicó cuatro de los cinco contratos que licitó por la vía de emergencia a Everis, todos los relativos a servicios. En total, 1.553.000 euros que se entregaron sin acreditar la «solvencia económica, financiera y técnica exigible» y sin justificar «la concurrencia de circunstancias que pudieran haber impedido» al Instituto de Crédito Oficial «exigir a los contratistas la correspondiente acreditación». La entidad pública tampoco pidió ofertas a diferentes empresas ni tuvieron lugar negociaciones .

En este sentido, y en lo que respecta a los criterios seguidos para la determinación del precio de los productos y servicios adquiridos, el Tribunal de Cuentas advierte de que «no figuran en los respectivos expedientes de contratación estudios de mercado ni antecedentes análogos que pudieran haber sido tenidos en cuenta por las unidades de contratación para la fijación del precio». Es decir, en todos los casos analizados se acepta la oferta económica presentada por la consultora tecnológica, ahora reconvertida en NTT Data.

En un escrito de alegaciones remitido al Tribunal de Cuentas, el ICO justifica esta falta de comprobaciones en la celebración previa de otros acuerdos de similar naturaleza. En su opinión, este es motivo suficiente para acreditar la capacidad y solvencia de la empresa.

Pero la lista de anomalías en la relación contractual entre el ICO y Everis no finaliza ahí. Según advierte el Tribunal de Cuentas, en varios de los expedientes fiscalizados «consta que el informe de la asesoría jurídica relativo a la viabilidad legal de la contratación se elaboró varios meses después de la formalización» de los contratos.

Es el caso del relativo a servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas para la gestión de las Líneas ICO, por el que Everis recibió 281.820 euros. El contrato se formalizó el 26 de mayo de 2020 y, sin embargo, el informe de la asesoría jurídica sobre la viabilidad de la contratación no se elaboró hasta el 21 de febrero de 2021, es decir, diez meses después. Un retraso que se repite en otros contratos.