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De manera completamente inesperada, Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales en España para el próximo 23 de julio. Esto ha provocado el fin precipitado de la legislatura y con ello, más de 60 leyes que estaban pendientes de tramitación parlamentaria van a quedar sin aprobar: 25 de ellas procedentes de decretos-ley que ya están vigentes, ocho aprobadas por el Gobierno y el resto impulsadas por los grupos parlamentarios.
Ley de Familias
La Ley de Familias es una de ellas. En marzo se aprobó en el Consejo de Ministros y ahora estaba en plazo de enmiendas. Sumaba nuevos permisos para cuidar a familiares enfermos (hasta nueve días remunerados al año) y para atender a los hijos (ocho semanas hasta que los menores cumplan ocho años).
Además, la Ley de Familias ampliaba la ayuda de crianza de 100 euros mensuales hasta los tres años del niño a las mujeres desempleadas. A esto hay que sumar que ampliaba los beneficios de las familias numerosas a los nuevos modelos de familia y equiparaba los derechos de los matrimonios con los de las parejas de hecho.
Ahora esta norma queda sin efecto por la paralización de la actividad parlamentaria. Podría ser recuperada en la próxima legislatura, pero el desarrollo tendría que empezar des cero. Otra posibilidad es que la Diputación Permanente apruebe mediante Decreto-ley y de manera provisional las normas que han quedado pendientes, como la Ley de Familias.
Otras leyes que han quedado en el limbo
Desde el verano pasado, la Cámara Baja llevaba tramitando el proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. Tenía como objetivo limitar las derivaciones a la sanidad privada y acabar con los copagos. Además, la norma ampliaba el derecho a la atención sanitaria a los españoles que viven en el extranjero.
La ley del olvido oncológico quería acabar con la discriminación que sufren las personas que han superado un cáncer a la hora de contratar un seguro o solicitar una hipoteca. Una de las normas que incluía la ley era declarar nulas las cláusulas que excluyesen o impusieran peores condiciones a quienes habían tenido un cáncer.
La ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario estaba prácticamente aprobada, pero también se ha queda en el aire. Quería multar a los supermercados que tiraran comida y obligar a los establecimientos de hostelería a los clientes de la posibilidad de llevarse las sobras. El texto contemplaba multas de hasta 60.000 euros.
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