Hacienda afronta una nueva rebelión: 38.000 empleados del Estado convocan movilizaciones en junio

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 01/06/2026 11:59
  • Actualizado: 01/06/2026 12:00

Tras los paros iniciados en la Agencia Tributaria por los incumplimientos denunciados por los sindicatos, ahora son los trabajadores laborales de la Administración General del Estado quienes elevan la presión sobre el ministerio de Hacienda. Unos 38.000 empleados están llamados a participar en las movilizaciones convocadas para el próximo 11 de junio ante la sede del departamento que dirige Arcadi España para exigir el desbloqueo de mejoras laborales que llevan meses pendientes.

La protesta ha sido convocada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que denuncia la paralización de la negociación del V Convenio Único del Personal Laboral de la Administración General del Estado, una negociación que, según el sindicato, acumula ya más de año y medio sin avances significativos. La organización atribuye esta situación a la inestabilidad política y a la falta de decisiones sobre cuestiones que afectan directamente a las condiciones laborales y retributivas de miles de trabajadores.

La movilización tendrá lugar frente al ministerio de Hacienda, al que el sindicato señala como uno de los responsables de desbloquear la financiación necesaria para abordar reivindicaciones históricas del colectivo, entre ellas la carrera profesional, la promoción interna, la equiparación salarial con otras administraciones y la regulación definitiva de la jubilación parcial.

El bloqueo de la jubilación parcial

Uno de los principales detonantes del conflicto es la ausencia del decreto que debe regular la jubilación parcial anticipada para el personal laboral de la Administración.

Según denuncia CSIF, la reforma de las pensiones pactada por el Gobierno con CCOO y UGT dejó sin resolver las particularidades de los procesos de selección en las administraciones públicas, provocando que este derecho haya quedado, en la práctica, bloqueado para miles de trabajadores.

El sindicato reclama una solución transitoria que permita seguir contratando relevistas hasta que las plazas puedan cubrirse de forma definitiva mediante las correspondientes ofertas de empleo público. Además, plantea extender este modelo también al personal funcionario y estatutario.

La organización considera que la aprobación de esta medida es fundamental para facilitar el relevo generacional en la Administración, mejorar la gestión de las plantillas y favorecer la incorporación de nuevos trabajadores al sector público.

Salarios frente a otras administraciones

Otra de las principales reivindicaciones tiene carácter económico. CSIF denuncia que los trabajadores laborales de la Administración General del Estado cobran, de media, 7.380 euros menos al año que empleados de otras administraciones públicas que desempeñan funciones equivalentes.

A juicio del sindicato, esta situación está provocando una pérdida continuada de poder adquisitivo y una fuga de profesionales hacia comunidades autónomas y otros organismos con mejores condiciones salariales.

La organización también reclama el desarrollo efectivo de la carrera profesional y una promoción interna «real y efectiva», eliminando los obstáculos que actualmente limitan las posibilidades de progresión de la plantilla. Entre los afectados se encuentran trabajadores que prestan servicio en ministerios y organismos públicos bajo régimen laboral y que, en algunos casos, perciben retribuciones cercanas al salario mínimo interprofesional.

CSIF advierte de que las movilizaciones del próximo 11 de junio son únicamente el primer paso de una campaña de presión que podría intensificarse en las próximas semanas si el Gobierno no adopta medidas para desbloquear unas negociaciones que considera esenciales para el futuro del personal laboral de la Administración General del Estado.

El conflicto supone un nuevo foco de tensión para Hacienda en un momento especialmente delicado, marcado por las protestas en la Agencia Tributaria y por las crecientes reclamaciones de distintos colectivos de empleados públicos que reclaman el cumplimiento de compromisos pendientes y mejoras en sus condiciones laborales.