La Audiencia juzgará a Duro Felguera por pagar mordidas a Maduro para una obra que no ha cobrado

La Audiencia Nacional va a juzgar a Duro Felguera y a varios ex directivos por pagar mordidas de 105 millones de dólares a altos cargos del Gobierno chavista de Nicolás Maduro para lograr el encargo de la construcción de una central eléctrica en Caracas. Tal como adelanta OKDIARIO, la Sala de lo Penal ha dictado un auto por el que confirma la resolución del juez de instrucción Ismael Moreno para concluir la investigación judicial y mandar el caso el juicio oral.

Los investigados pedían el sobreseimiento y el archivo de la causa. Pero la Sala de lo Penal, en un auto del que ha sido ponente el magistrado Joaquín Delgado, decide desestimar esa petición. «Desestimamos el recurso de apelación contra el auto de julio de 2023 del Juzgado Central de Instrucción número 2 que acordaba la apertura del procedimiento abreviado», resuelven.

«El auto recurrido expone una serie de indicios de la posible existencia de delitos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del [juicio por] procedimiento abreviado. Y la parte recurrente no realiza alegaciones que excluyan el posible carácter delictivo de los hechos imputados en el auto impugnado. Todo ello sin perjuicio de la concreta calificación jurídica de estos hechos, que no es necesaria en esta fase procesal», concluyen.

Rescate de 120 millones

El juez Moreno aceptó los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción que pidió en julio la apertura de juicio oral contra Duro Felguera y varios ex directivos por este caso. Llama la atención que, a pesar de cobrar esas comisiones, el Gobierno venezolano no ha pagado el coste de la obra a la empresa española –rescatada por Pedro Sánchez con 120 millones de dinero público–, que da por irrecuperable el 85% del mismo.

Los hechos arrancaron en 2009, cuando Duro Felguera logró la adjudicación de construcción de la central de ciclo combinado Termocentro, presuntamente gracias al pago de estas comisiones. El Ministerio público cree que son constitutivos de delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

El juicio oral arrancará en próximas fechas en relación a la empresa asturiana, su ex presidente Juan Carlos Torre Inclán, el anterior CEO Ángel Antonio Suárez del Valle, así como contra altos cargos chavistas como el ex viceministro de Energía venezolano, Nervis Villalobos, o el expresidente de una filial de PDVSA (Petróleos de Venezuela), entre otros.

Por su parte, el fondo de rescate de la SEPI inyectó 120 millones de dinero público en 2021 a Duro Felguera a pesar de que no cumplía los requisitos para acceder a las ayudas: no es una empresa sistémica y sus problemas de solvencia son muy anteriores a la pandemia del Covid-19. El importe del rescate fue muy similar a la cifra que adeudaba Maduro a Duro Felguera por Termocentro en esa fecha.

Sociedades interpuestas en Suiza

Anticorrupción, en su escrito, sostenía que los pagos al Gobierno bolivariano se abonaron en tres fases a través de sociedades interpuestas en Panamá (similares a las que revelaron los papeles de Panamá) y se abonaron en cuentas de ex altos cargos bolivarianos, en su mayoría en Suiza. Posteriormente, ese dinero se blanqueó supuestamente con la compra de viviendas de lujo en España, concretamente en Madrid, en La Moraleja, Majadahonda, Valdemorillo y Lugo, siempre según el relato de la Fiscalía.

El auto de la Audiencia Nacional refleja que el investigado que ahora recurre «era funcionario de la empresa pública Electricidad de Caracas C.A. al menos entre 2008 y 2012, realizando funciones como ingeniero y gerente del proyecto El Sitio. En el marco de este proyecto se otorgó a la UTE de Duro Felguera la construcción de una planta termoeléctrica. Recibió una serie de cantidades para favorecer los intereses de Duro Felguera ante la Administración venezolana». En concreto, «se transfirieron 357.504 euros en favor del investigado para la adquisición de una vivienda en Madrid».

El auto confirma que, de nuevo asumiendo los argumentos del fiscal, el presidente y el consejero delegado, investigados en la causa, en su calidad de responsables de Duro Felguera SA, decidieron entregar varias cantidades de dinero (hasta, al menos, un total de 105.627.600 dólares) a otro investigado por sociedades interpuestas con el fin de que éste usara su capacidad de influencia en la Administración venezolana en beneficio de aquella mercantil». Entre estas autoridades estaba el citado funcionario y la abogada del Ministerio de Energía de Venezuela. «Con el objetivo de canalizar todos esos pagos, las personas investigadas crearon una estructura societaria a través de la cual se realizaron transferencias bancarias; y así se hizo llegar su soborno a cada funcionario investigado desde enero de 2009 hasta, al menos, marzo de 2013», recuerda el fallo judicial.

El recurso de apelación cuestionaba quién tenía la capacidad de decisión a la hora de contratar en la República Bolivariana de Venezuela para la realización de la Central Termocentro. Defendían que la única persona que podía aprobar la contratación con cifras económicas tan elevadas y ordenar su pago era el propio presidente de Venezuela. Agregan que «la persona que influyó en la contratación de Duro Felguera fue quien ostentaba el cargo de presidente de la empresa PDVESA, también ministro de Energía».

«Frente a esos argumentos, es necesario tener en cuenta que el auto recurrido describe la existencia de una estructura en la que participan distintas personas con funciones públicas en Venezuela para conseguir la firma del contrato por la autoridad competente; lo que resulta suficiente para continuar la tramitación del proceso, sin sobreseimiento, sin perjuicio de lo que surja de las pruebas que se practiquen en juicio oral», zanja la Sala de lo Penal.

Más autos

Por su parte, fuentes próximas a la empresa subrayan que este auto no aplica a Duro Felguera, sino a una de las personas físicas que están en esta causa. Se trata de una docena de las cuales ninguna está desde hace años ya en la compañía. Más de los cuales podrían haber recurrido por lo que se producirán previsiblemente más autos además de los ya conocidos.

La situación de Duro Felguera, que es una persona jurídica, es diferente a la de las personas físicas. Duro Felguera ratifica que nada de lo practicado en la instrucción indica que el grupo haya actuado de manera inadecuada o contraria a las normas legales imperantes. Destacan que no existe elemento, constancia, evidencia o indicio alguno de que Duro Felguera sea responsable de hecho delictivo alguno. Afirman que se trata de compromisos contractuales perfectamente legales. Todo ello, insisten, ha sido ratificado por informes periciales de expertos independientes. El grupo continuará colaborando con la Justicia para limpiar su imagen pública.