60 millones en costes legales y ningún ganador: el cierre de la guerra Lively-Baldoni

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni no sólo dejó un fuerte impacto mediático, sino también un enorme coste económico. Según fuentes de la industria citadas por Page Six, ambos habrían gastado alrededor de 60 millones de dólares en total durante los 18 meses que duró el enfrentamiento judicial. Esta cifra incluye honorarios de abogados de alto nivel, equipos legales completos, estrategias de litigación y los distintos procesos derivados de las demandas y contrademandas presentadas en tribunales de Nueva York. El caso terminó finalmente con un acuerdo extrajudicial antes de llegar a juicio, lo que significa que esa enorme inversión legal no se tradujo en una victoria clara para ninguna de las partes, convirtiendo el proceso en uno de los conflictos legales más costosos y mediáticos recientes de Hollywood.

Horas antes de su aparición en la gala, tanto Blake Lively como Baldoni anunciaban públicamente que habían llegado a un entendimiento que evitaba el juicio previsto para el 18 de mayo. Este acuerdo ponía fin a una disputa que comenzó en diciembre de 2024, cuando Lively denunció a Baldoni por acoso sexual, represalias y un ambiente laboral hostil durante el rodaje de la película Romper el círculo, basada en la novela de Colleen Hoover. El conflicto escaló rápidamente, incluyendo contrademandas millonarias, filtraciones mediáticas y una intensa batalla en la opinión pública.

El proceso judicial dejó huella en ambos artistas. Durante meses, sus carreras quedaron en pausa y su imagen pública se vio afectada por acusaciones cruzadas y una narrativa mediática que no daba tregua. La demanda inicial de Lively incluía graves acusaciones, desde comentarios inapropiados hasta comportamientos que describió como invasivos e irrespetuosos en el set de rodaje. Baldoni, por su parte, negó todas las acusaciones y respondió con una contrademanda de 400 millones de dólares que finalmente fue desestimada por la justicia en 2025.

A medida que avanzaba el caso, el panorama legal se volvió más complejo. Un juez federal desestimó la mayoría de los cargos presentados por Lively, incluyendo el de acoso sexual, debido a cuestiones técnicas relacionadas con su estatus laboral. Sin embargo, algunos cargos, como represalias e incumplimiento de contrato, seguían en pie y estaban destinados a resolverse en un juicio. El acuerdo de última hora evitó ese desenlace, permitiendo a ambas partes cerrar el conflicto sin una sentencia judicial definitiva.