La Policía Científica certifica que la Consejería del ex juez de Podemos Yllanes falsificó un documento
La Policía Científica investigará por corrupción a la Consejería del ex juez de Podemos Yllanes
El podemita Yllanes dice que el ‘caso Varadero’ no le afecta cuando tiene a dos colaboradores imputados
La Brigada Provincial de Policía Científica de Baleares ha emitido un informe a petición del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma que ratifica la falsificación de un documento público por parte de la Conselleria de Sectores Productivos que preside el ex juez de Podemos Juan Pedro Yllanes, a su vez vicepresidente del Govern que preside Francina Armengol. Según fuentes de la Policía Nacional, el informe concluye que en un documento de la mencionada Conselleria aparecen dos firmas que no son manuscritas sino que son rúbricas añadidas mediante una foto reproducción.
Las mismas fuentes señalan que el informe de la Policía Científica no determina si ha habido o no falsificación de documento público pero el hecho de que se hayan añadido las firmas de dos cargos del Govern mediante una foto reproducción demuestra que el documento original fue manipulado.
Todo esto se refiere a la falsificación de un documento público por parte de la Conselleria de Yllanes con la finalidad de evitar fuertes sanciones a una serie de empresas del sector náutico así como una investigación judicial. La finalidad era proteger a determinadas empresas afines al pacto de izquierdas que gobierna en Baleares y que estaban recibiendo importantes subvenciones por parte del Govern. Lo que no podía admitir la Conselleria de Yllanes es que las empresas que estaba subvencionando tuvieran expedientes sancionadores por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.
Las dos firmas manipuladas corresponden al director general de Industria, Antonio Morro Gomila, y a la jefa de área de los Servicios Jurídicos de la Conselleria de Yllanes, Teresa Relea. Los dos están imputados en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma y ya han tenido que prestar declaración ante el juez. Es el caso Varadero desvelado por OKDIARIO. Los denunciantes del caso, el Grupo Fabkina, presentó una querella criminal contra el propio Yllanes, que de momento no ha sido estimada por el juez.
¿Qué es el caso Varadero?
El denominado caso Varadero desvelado por OKDIARIO fue denunciado en el Juzgado de Instrucción número 1 por la empresa puntera del sector náutico Grupo Fabkina. Denunció concretamente delitos de prevaricación y falsificación de documento público. La supuesta prevaricación se basa en el archivo sin justificar de los expedientes que el propio Govern había abierto a una serie de empresas del sector náutico que trabajan en el Puerto de Palma por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.
El supuesto delito de falsificación de documento público se refiere a la resolución firmada por la Conselleria de Yllanes el 29 de julio de 2020 por la que se archivan los expedientes antes mencionados.
Los hechos se remontan al 9 de septiembre de 2020 cuando el juez inició la instrucción por la no tramitación de los expedientes sancionadores y solicitó a la conselleria de Yllanes que le remitiera toda la documentación sobre el caso. Un día después el Govern sacó a relucir la resolución amparada por el informe jurídico firmado por Relea por la que se indica que ya no hay expedientes para tramitar, que los mismos se habían archivado y que, por tanto, no hay nada que investigar judicialmente.
El truco estuvo en crear el documento del archivo de expedientes un día después de que el juez solicitara toda la documentación y firmarlo poniendo la fecha 29 de julio. Ahora, el informe de la Policía Científica demuestra que hubo falsificación de documento público.
Se concluye que Antonio Morro Gomila y Teresa Relea no firmaron el 29 de julio de 2020 ningún documento de archivo de los expedientes sino que sus firmas se estamparon de forma fraudulenta en el documento creado el 10 de septiembre de 2020 con la finalidad de archivar los expedientes a las empresas denunciadas.
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