Guardias civiles destinados a Baleares duermen en su coche particular por no poder pagar una vivienda

Guardias civiles destinados a Baleares duermen en su coche particular por no poder pagar una vivienda, tal y como ha denunciado la delegación en las Islas de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Este colectivo ha criticado la absoluta inacción de la Administración para tratar de poner solución al gravísimo problema de acceso a la vivienda que sufre la población residente y más aún los funcionarios que vienen destinados a esta comunidad autónoma, que no encuentran alojamiento digno a un precio razonable al que puedan hacer frente con sus retribuciones.

AUGC explica que la situación es más grave para los agentes que cubren vacantes con carácter forzoso, sin querer venir a trabajar a Baleares y sin haberlo solicitado, por lo que se ven empujados a un auténtico calvario.

Y es que la política de desclasificación de suelo urbano impulsada por el Govern de la socialista Francina Armengol ha disparado en estos ocho años el precio de la vivienda en las Islas en más de un 80%, siendo actualmente la región con los precios más caros de toda España.

Por ello, y ante la imposibilidad de encontrar una vivienda asequible donde alojarse, hay agentes que optan por usar su vehículo particular como vivienda improvisada.

En concreto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha recibido llamadas de más de 40 agentes angustiados a quienes esta situación les aboca a unos niveles de estrés y ansiedad incompatibles con el normal desempeño de sus funciones.

Esto para la asociación «es la punta del iceberg» y advierten de que «la situación será crítica en verano» cuando lleguen los agentes de prácticas tras salir de las academias para continuar su periodo de formación. «Los precios, ya de por sí inasumibles, serán prohibitivos cuando arranque la temporada estival», denuncian.

Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de agentes que vienen forzosos tienen familias a su cargo, de las que en algunos casos deben separarse y costear dos viviendas, «con el brutal perjuicio económico que eso conlleva, del todo inasumible para la inmensa mayoría de agentes que se ven sin el apoyo de su familia y sin casa».

Ante esta dramática e indigna situación, AUGC censura que «se está poniendo en peligro la salud mental de los funcionarios», lo que implica que algunos agentes puedan terminar afectados por una situación involuntaria e indeseada que les impida desempeñar su trabajo. Esto, insisten desde la asociación, provocaría una «merma de efectivos que podría comprometer la seguridad ciudadana en Baleares, especialmente en aquellas islas y municipios donde la carestía de la vivienda de alquiler es mayor».

La Asociación Unificada de Guardias Civiles lamenta que este año la gran mayoría de incorporaciones en las Islas serán forzosas, ya que, esgrime, «el archipiélago se ha convertido en algo así como un destino de castigo, al que casi nadie quiere venir voluntariamente y los que llegan forzosos se marcharán a la mínima oportunidad».

En febrero de 2022, AUGC reclamó la modificación de la Ley de Personal de la Guardia Civil para que Baleares sea declarada destino de carácter preferente y que deje de ser un destino de paso. No obstante, este colectivo recuerda que «esta reforma se encuentra en vía muerta en la Dirección General de la Guardia Civil por falta de voluntad política».