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escándalo en el govern

El Govern de Armengol atribuye ahora a un error el decreto que beneficia a la consellera de Hacienda

La consellera de Hacienda de Armengol se concede un ascenso y aumento de sueldo mediante un decreto ley

La presidenta de Mallorca, Cati Cladera, y la consellera Sánchez intentan atar su futuro como interventoras

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El Govern atribuye ahora a un error la publicación en el BOIB (Boletín Oficial de las Islas Baleares) del decreto ley que beneficiaba a la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, y a otros dos altos cargos del Govern, así como a la presidenta del Consell de Mallorca, Cati Cladera. Este decreto permitía a Rosario Sánchez convertirse en interventora cuando su profesión es la de auditora. Este ascenso le hubiera supuesto, cuando ocupara la plaza, un aumento de salario de unos 40.000 euros al año.

Según la nota de presenta emitida por el Govern que preside la socialista Francina Armengol, es «falso e insidioso» plantear que la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, «se ha beneficiado de ninguna modificación» en relación con las plazas de auditores de la Sindicatura y «mucho menos que lo haya promovido».

La Conselleria de Presidencia argumenta que en caso de haber realizado la integración del cuerpo de auditores de la Sindicatura, «tampoco suponía ningún beneficio» para la consellera Sánchez.

El Govern asevera que es «rotundamente falso» que el texto del decreto ley 6/2022 de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, aprobado por el Consell de Gobierno el 13 de junio, incluyera «ningún punto» relativo a las plazas del cuerpo de auditores de la Sindicatura de Cuentas de Baleares. La realidad es que el texto publicado en el BOIB sí que hacía referencia a las plazas del cuerpo de auditores aunque posteriormente fuera modificado.

Sobre este aspecto, el Govern afirma que «se cometió un error con el texto que se publicó en el Boletín Oficial de las Illes Balears, que en ningún caso era el aprobado por el Consell de Govern, y el texto publicado sí recogió equivocadamente esta referencia a la Sindicatura». 

Añade la nota del Govern que, «como bien sabe Núria Riera [portavoz adjunta del PP], fue un error que se corrigió de inmediato, llegando el decreto ley a su validación en el Parlament con la equivocación resuelta». «Si no hubiera sido un error material, el decreto ley no habría podido corregirse por esta vía y debería haberse hecho a través de la tramitación parlamentaria», han finalizado.

De este modo, el Ejecutivo balear responde a las declaraciones realizadas este miércoles por la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Núria Riera, en la que ha pedido la comparecencia de Sánchez por este asunto.

El PSOE también se ha apresurado a salir en defensa de la consellera Rosario Sánchez. La portavoz del partido en el Parlament, Pilar Costa, ha pedido al PP que abandone la estrategia «de la difamación permanente» y que opte por «una oposición constructiva», informa Europa Press.

En una nota de prensa, Costa ha respondido a las acusaciones hechas por la diputada del PP Núria Riera en relación con el decreto ley de reducción de la temporalidad, aprobado en junio. «El PP y, concretamente, la señora Riera siguen su estrategia difamatoria para hacer oposición», ha destacado Costa.

En este sentido, la socialista ha recordado que «no es la primera vez» que el principal partido de la oposición recurre a «la difamación y la mentira para realizar su trabajo. «El PP ya usó esta estrategia hace semanas diciendo que la presidenta Armengol y el Govern habían hecho un viaje con gastos desmesurados a Argentina, algo que ya se ha demostrado que era totalmente falso», ha afirmado.

Como entonces, Costa ha criticado que el PP vuelva a hacer correr «falsedades» diciendo que se ha aprobado una normativa para beneficiar a la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, extremo que es «absolutamente falso», tal y como ha demostrado el Govern aclarando que el Consell de Gobierno no modificó esta normativa de función pública que afecta a los auditores y que el Boletín Oficial de la comunidad autónoma corrigió después su error en la publicación.

De hecho, la portavoz del PSIB ha recordado al PP y, específicamente, a la diputada Núria Riera, que es «quien menos puede hablar», ya que todavía es hora de que «pida disculpas y devuelva el dinero que cobró en fraude de ley en el 2017 cuando, siendo diputada en la oposición y funcionaria de la Comunidad Autónoma, pidió una excedencia para poder cobrar una dieta completa de 3.000 euros en agosto cuando no hay actividad parlamentaria».

«Riera es la persona menos adecuada para dar lecciones a nadie, pero está comprobado que su estilo es el de la difamación», ha concluido Costa.