Corrupción en Baleares: el Govern regó con 355.000 euros a las empresas expedientadas por infracción

El Govern balear firmó, en julio de 2018 y febrero de 2019, la concesión de 355.000 euros en subvenciones a través del Instituto de Innovación (IDI) adscrito a la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria, dirigida la pasada legislatura por el actual portavoz del Ejecutivo balear, el socialista Iago Negueruela, a las empresas náuticas afines al pacto de izquierdas que habían sido denunciadas por infracciones graves de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente, y a las que la propia Conselleria, había abierto proceso sancionador. 

Unos expedientes por infracciones iniciados en 2018 que no se tramitaron. Ante esta paralización, hubo una denuncia del Grupo Fabkina en los juzgados, y también, ante la Oficina Anticorrupción del Parlament balear.

Las subvenciones concedidas a esas empresas expedientadas, según el propio Govern, se justificaban por la decisión de «impulsar actividades empresariales del sector náutico y, particularmente, las industrias vinculadas a  la reparación y mantenimiento de embarcaciones». 

Se materializaron, no en forma de concurso público abierto, sino a través de un convenio rubricado, en un primer momento, en julio de 2018 y enero de 2019, por la directora gerente del IDI, Nuria Hinojosa, que posteriormente ratificó en febrero de ese año, el conseller de Negueruela, actual portavoz del Ejecutivo presidido por Francina Armengol.  

El convenio tenía una vigencia de un año, pero ya se apuntaba en el acuerdo, que podrá prorrogarse de forma expresa entre las partes para llevar a cabo el mismo tipo de colaboración durante tres anualidades más. Cada año el IDI asumiría 88.822 euros en subvenciones a las empresas implicadas.  

En la actualidad continúan vigentes estos convenios, con el añadido de que el vicepresidente del Govern y actual conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, los ha ampliado a una nueva asociación. 

En concreto, la conocida como Balearic Cluster Nautic, compuesta por las mismas empresas del sector náutico expedientadas por saltarse las normativas medioambientales y de seguridad laboral.  

En septiembre de 2019, ya en la actual legislatura y con el vicepresidente de Podemos, Juan Pedro Yllanes al frente de la Conselleria, el juzgado inició la instrucción del caso, y solicitó al Govern toda la documentación sobre los citados expedientes.  

Al día siguiente, 10 de septiembre, la Conselleria con el juez Yllanes al frente, envió al denunciante, Grupo Fabkina, una resolución firmada el 29 de julio de 2019 por la que se dejaba sin efecto esos expedientes a los infractores, cerrándose con ello la puerta a la imposición de sanciones a las empresas expedientadas y subvencionadas, paralizándose además la investigación judicial. 

Una resolución que fue presuntamente falsificada como denunció el empresario del Grupo Fabkina mediante un informe pericial, y que fue creada y firmada el 10 de septiembre,  un día después de haber recibido el requerimiento judicial.