Concentración en Palma contra la inmersión lingüística en catalán impuesta por Armengol en la enseñanza

Decenas de personas se han concentrado esta mañana junto  la plaza de España de Palma para exigir al Govern de Armengol que ponga fina a la inmersión lingüística en catalán y que el español vuelva a ser lengua vehicular en la enseñanza. Igualmente exigen el cumplimiento de las sentencias que obligan a ofrecer enseñanza en español. Las sentencias del Supremo y el Constitucional especifican que al menos el 25% de la enseñanza ha de ser en castellano.

Los manifestantes han firmado la Proposición de Ley de Libertad de Elección de Lengua, una iniciativa legislativa popular lanzada por  Hablamos Español que se elevará al Congreso de los Diputados.

Esta ley, según la plataforma que la impulsa, acabaría con la discriminación lingüística en las comunidades autónomas con lengua oficial, «sobre todo con la discriminación de la que son objeto los niños y jóvenes en la enseñanza». Este proyecto de ley contempla que los padres puedan elegir la lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos.

En otros puntos, la ley se centra en la discriminación del español en las administraciones autonómicas con lengua propia, como es el caso de Baleares. Aquí se exige «una Administración bilingüe con presencia del español en la rotulación,  señales, documentos e información de todo lo oficial».

También se reclama libertad para rotular los negocios en español y la igualdad en el acceso a las ayudas públicas y premios culturales. A modo de ejemplo, en Baleares y Cataluña se discrimina la lengua española en la convocatoria de premios literarios y sólo se acepta el catalán.

En la iniciativa legislatura popular igualmente se reclama que el conocimiento del catalán, en el caso de Baleares, no sea un requisito para trabajar en la Administración. «Queremos tener los mejores profesionales aunque no hablen catalán», afirman los representantes de Hablamos Español.

La presidente de la Asociación Hablamos Español a nivel nacional es Gloria Lago. En un comunicado Lago se expresa así: “Desde Hablamos Español queremos llamar la atención sobre lo que está pasando. No es un problema exclusivo de Cataluña, afecta a todas las Comunidades Autónomas con cooficialidad lingüística y, por lo tanto, nos afecta a todos los españoles que queremos residir o movernos por cualquiera de nuestras Comunidades Autónomas. Queremos ver el español en todas las escuelas y administraciones públicas de España. Es necesario que se apruebe una Ley de Libertad de Elección de Lengua homologable a la de los países con cooficialidad lingüística”.

Entres los asistentes a la concentración en defensa del español han estado miembros de diversas asociaciones que luchan contra la imposición del catalán por parte del Govern de izquierdas que preside la socialista Francina Armengol así como representantes de Vox, con su líder Jorge Campos, al frente, y de Ciudadanos.

Fue el pasado mes de febrero cuando el Parlament balear aprobó la nueva Ley de Educación impulsada por el Govern de Armengol y donde el español desapareció como lengua vehicular en la enseñanza. Todos los centros  públicos de Baleares aplican la inmersión lingüística en catalán incumpliendo así las sentencias que obligan a ofrecer al menos el 25% en español.

La exigencia del requisito del catalán en la sanidad ha generado en los últimos años múltiples problemas en la presentación de este servicio esencial por la falta de profesionales con el certificado que acredita el conocimiento de esta lengua. La emergencia sanitaria derivada de la Covid-19 obligó al Govern a hacer excepciones y en casos puntuales no ha exigido el catalán a determinados profesionales.

En la educación, al menos un centenar de familias se ha sumado a la iniciativa lanzada por varias entidades constitucionalistas en Baleares para presentar una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas contra el Govern por ofrecer el 100% de la enseñanza en catalán en todos los centros públicos. En la demanda también exigen el cumplimiento de las diversas sentencias del Supremo y el Constitucional que obligan a impartir al menos el 25% de las horas lectivas en español. La campaña para exigir clases en español la desarrollan conjuntamente Sociedad Civil Balear y la asociación de profesores Plis.