Anticorrupción instruye la querella contra el Govern de Armengol por prevaricación y falsificación

• Miquel Ángel Font @mafontvilla3
• Corresponsal político en OKDIARIO Baleares. Antes, redactor jefe de EL MUNDO/ El Día de Baleares.
• • 07/03/2022 15:35
  • Actualizado: 07/03/2022 16:17

El juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Juan Manuel Sobrino, remitió a la Fiscalía Anticorrupción la querella criminal presentada contra el Govern de Baleares que preside la socialista Francina Armengol por supuestos delitos de prevaricación y falsificación de documento público.

La querella se presentó inicialmente contra dos altos cargos de la Conselleria de Industria que hasta julio de 2019 presidía Iago Negueruela (PSOE), aunque posteriormente fue ampliada a otros altos cargos. Esta ampliación involucra a la nueva Conselleria de Industria que ahora preside el juez de Podemos Juan Pedro Yllanes.

Fue en agosto de 2020 cuando una empresa puntera del sector náutico presentó la querella contra el Ejecutivo por haber archivado de forma injustificada los expedientes abiertos a diversas empresas del mismo gremio por falta muy grave contra la seguridad industrial y la protección del medio ambiente. Con el archivo de estos expedientes, las empresas denunciadas han podido seguir con su suculento negocio en el Puerto de Palma bajo la protección del Govern de Armengol.

Como ha ido publicando OKDIARIO, el archivo de los expedientes frenó la investigación judicial que había iniciado el Juzgado de Instrucción Número 1 de Palma, aunque posteriormente se vio obligado a seguir con las pesquisas por orden de la Audiencia de Baleares.

En cualquier caso, el juzgado admitió a trámite la querella al detectar la comisión de un delito de prevaricación y ordenó dar cuenta a la Fiscalía Anticorrupción. Con la querella inicial y su posterior ampliación lo que se investiga es el posible delito de prevaricación y otro de falsificación de documento público.

Las personas contras las que se dirigió inicialmente la querella son Manuel Porras, por aquel entonces director general de Política Industrial, y Miguel Sansó, jefe de Servicio de Seguridad Industrial. Al primero se le acusa de haber emitido la resolución por la que se dejaban sin efecto los expedientes abiertos a diversas empresas del sector náutico afines al Govern del pacto de izquierdas y a Sansó, por el informe previo que redactó, siguiendo instrucciones superiores, favorable al archivo de los expedientes sancionadores.

Con la ampliación de la querella se ven afectados dos cargos de la Conselleria de Industria que ahora está en manos de Podemos y que preside el juez en excedencia Juan Pedro Yllanes.

Cronología

Los hechos se remontan a noviembre de 2018, cuando se presentó ante la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria que dirigía entonces el socialista Iago Negueruela, hoy vicepresidente del Govern, una denuncia formulada por el Grupo Fabkina SL contra diversas empresas que trabajan en el Puerto de Palma, concretamente en las carpas del recinto de Servicios Técnicos Portuarios del Moll Vell.

En la denuncia se especificaban infracciones graves contra la seguridad industrial y la protección del medio ambiente. El 29 de noviembre del mismo año se registra una ampliación de la denuncia y el 21 de diciembre de 2018 la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria inicia el procedimiento para que todas estas instalaciones se adapten a la normativa de seguridad industrial.

El Grupo Fabkina detectó que las sanciones no se habían tramitado y presentó una querella contra el director general de Política Industrial. La querella se admite a trámite y el 9 de septiembre el juzgado solicita a la Conselleria con las competencias de Industria, ahora ya en manos del juez podemita Juan Pedro Yllanes, todo el expediente sancionador.

El 10 septiembre, una día después de la decisión del juzgado antes mencionada, el Grupo Fabkina recibe una resolución firmada de forma manuscrita por el director general de Política Industrial, Antonio Morro Gomila, mano derecha de Yllanes, por la que se dejaba sin efecto la resolución del 1 de julio de 2019 que firmó Manuel Porras Romero sobre la apertura de los expedientes sancionadores. Lo dejaba sin efecto de manera irregular dado que no se pueden dejar sin efecto sanciones ya impuestas.

La realidad es que el documento firmado el 29 de julio por el que se dejan sin efecto los expedientes sancionadores se creó y firmó realmente el 10 de septiembre y así lo atestigua el informe realizado por los peritos judiciales informáticos que está en poder de OKDIARIO.

En conclusión, que las personas de confianza del vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, lograron de forma fraudulenta no sólo el archivo del expediente sancionador sino también frenar la investigación judicial. Así, las empresas inicialmente expedientadas pueden seguir con su suculento negocio en el Moll Vell de Palma.

A todo esto se añade que el Govern ha estado subvencionando a las empresas denunciadas e inicialmente expedientadas por infracciones graves contra la seguridad industrial y la protección del medio ambiente.