El alcalde socialista de Palma quiere seguir triplicando las multas de tráfico la próxima legislatura

No sólo ha disparado las multas de tráfico esta legislatura triplicando su número y recaudación estimando en los presupuestos de 2023 el gobierno municipal embolsarse más de 30 millones de euros, sino que espera mantener ese ritmo sancionador la próxima legislatura, en caso de que los palmesanos le den su confianza en mayo, y el alcalde socialista, José Hila, revalide por tercera vez consecutiva la Alcaldía, y su coalición con independentistas de Més y Podemos.

Hila no está dispuesto a bajar el pie del acelerador en materia de sanciones de circulación como lo indica el suculento contrato de notificaciones de multas que ha sacado esta semana a concurso, tras caducar la anterior concesión divida en dos lotes, y que fue adjudicada una de ellas a Correo Inteligente Postal, y la otra, a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.

Si en 2019 ese contrato de notificaciones de todo tipo fue sacado a concurso por 6,1 millones de euros, a razón de un 50% del importe total para cada uno de ellos, menos de cuatro años después el gobierno municipal lo hace público nada menos que por casi 15,5 millones de euros, todo un indicativo del alud de notificaciones y multas que prevé el actual gobierno municipal para la próxima legislatura, en caso de que renueven la coalición municipal hasta 2027.

Un incremento desatado en materia de sanciones después de la ardua polémica vivida esta legislatura con las falsas notificaciones de la empresa concesionaria del primero de los citados lotes, cuatro de cuyos trabajadores fueron detenidos por la Policía acusados de estafa.

En los nuevos pliegos, el Ayuntamiento ha elevado los requisitos en cuanto a las oficinas mínimas abiertas que debe tener la empresa, que además tendrá que disponer de un servicio de atención a la ciudadanía mediante teléfono y correo electrónico.

Además, la empresa que quiera optar al contrato deberá arbitrar un sistema para enmendar las incidencias que puedan surgir y «que permita la rápida resolución con el menor perjuicio posible» para el ciudadano. Los pliegos también incluyen obligaciones sobre transparencia en la información que la adjudicataria debe suministrar al Ayuntamiento, para lo que la prestadora deberá contar con información estadística sobre el cumplimiento del servicio y la satisfacción de los usuarios.

Los pliegos también reformulan las causas de resolución del contrato, incluyendo entre ellas «la comisión de hechos declarados delictivos por sentencia judicial firme» y el incumplimiento de los plazos máximos de intento de notificación. Además se contempla la posibilidad de realizar una auditoría externa de comprobación de cumplimiento del contrato y se replantean las penalizaciones por incumplimientos o «cumplimientos defectuosos», incluyendo «penalidades por incumplimiento masivo y continuado».

Igualmente, se exigirá a la empresa que disponga de un sistema informático de control, y se otorgarán puntos adicionales por tener un sistema de geolocalización para certificar «de manera exacta» la entrega.

Por último, se constituirá una Comisión técnica para el seguimiento del contrato, que servirá para trasladar al responsable datos de seguimiento, detectar incumplimientos sobre la forma o plazo de notificaciones, coordinar campañas y «tratar cualquier otro aspecto» relacionado con las notificaciones de Palma.

La Comisión estará integrada por el jefe del departamento de calidad y atención a la ciudadanía, el jefe de la sección de la unidad administrativa de correspondencia, el jefe de departamento de movilidad, el jefe de la unidad administrativa de multas, el jefe del departamento de disciplina urbanística y el jefe del departamento tributario.