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58 familiares de víctimas del franquismo en Baleares han recibido atención psicológica del Govern

Prohens mantiene este servicio creado por el Ejecutivo de Armengol que forma parte del plan de fosas

El acuerdo del PP con Vox sí obliga a derogar la sectaria Ley de Memoria Democrática

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

Un total de 58 familiares de víctimas del franquismo en Baleares han recibido atención psicológica del Govern balear desde la puesta en marcha y apertura en marzo de 2023 de la Oficina de Atención Directa para las víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista en las Islas Baleares.

Un servicio creado por el anterior Ejecutivo de coalición de Francina Armengol con separatistas de Més y Podemos, que el nuevo Govern de Marga Prohens con el apoyo programático de Vox, ha mantenido activo y que ofrece un seguimiento individual a los familiares de las víctimas de la Guerra Civil que así lo soliciten con acompañamiento activo y terapéutico de todos los demandantes y atención grupal e individual.

Básicamente cubre los mismos servicios de atención que recibe una víctima de la violencia machista o del terrorismo, con asesoramiento jurídico y atención psicológica si así lo desean, si bien esta prestación no cuenta con presupuesto asignado porque el profesional dedicado a realizar estas labores de acompañamiento psicosocial es uno de los coordinadores del lote primero del cuarto plan de fosas.

De acuerdo a la información recabada por la dirección general de Memoria Democrática del Govern, al menos 500 familias de las Islas Baleares podrían ser víctimas directas de la Guerra Civil y la represión franquista conforme a la legislación autonómica aprobada por Armengol en 2018. Por tanto apenas un 10% de ellas, se han acogido a este servicio creado tres meses antes de las pasadas elecciones autonómicas del 28 de mayo.

Hay que precisar que sólo los familiares, reconocidos como víctimas conforme a la citada Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y conocimiento democráticos de las Islas Baleares, pueden recibir atención psicológica, normalmente, en entrevistas individuales.

No así el resto de víctimas de la Guerra Civil, dado el citado marco legal aprobado por el Govern de Armengol en la primera de sus dos legislaturas. Este servicio psicológico no le es ofrecido a los descendientes de represaliados y asesinados por milicianos republicanos, que fueron muy numerosos en islas como Menorca o Ibiza, o a familiares de los miles de religiosos asesinados por el bando republicano, antes y durante, la Guerra Civil española.

Unos represaliados por los republicanos que no son tomados en consideración en esa legislación de memoria histórica que el nuevo Ejecutivo de Prohens sí se ha comprometido a derogar en el acuerdo programático con Vox, si bien aún, no hay fecha concreta para este menester.

En concreto el artículo 48 del citado pacto programático entre ambas formaciones que le ha dado a Prohens el Govern pese a estar en minoría, señala el compromiso para la derogación de la Ley 2/2018 de 13 de abril de memoria y reconocimiento democráticos de Baleares.

En ese acuerdo, además, se pone el acento en buscar «la reconciliación, evitando la manipulación y el uso partidista de las víctimas y del drama del enfrentamiento», algo que vino haciendo desde su aprobación el Govern de Armengol y que se intensificó especialmente durante la pasada legislatura con el ex juez de Podemos, Juan Pedro Yllanes, al frente de la vicepresidencia de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática.

De ahí que el pacto PP-Vox abogue por «realizar políticas para facilitar la recuperación de personas fallecidas, sin discriminaciones por motivos ideológicos o religiosos, evitando a la vez la destrucción de monumentos históricos, procurando su correcto mantenimiento y su conocimiento dentro del contexto histórico».

Una amplitud de miras que el Ejecutivo de Prohens tendrá que poner en práctica porque no existe ni por asomo en esa legislación, utilizada por el anterior Govern de Armengol, exclusivamente, como arma propaganda política sectaria para ahondar en el enfrentamiento político y social.