La Fiscalía pide cárcel para Borbolla y un alcalde socialista de Sevilla por desviar 8 millones en ayudas

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este jueves la fase de conclusiones definitivas e informes finales del juicio por las ayudas irregulares de la Junta socialista de Andalucía a empresas vinculadas al sector del corcho. Entre los acusados en esta pieza de la macrocausa de los ERE, recordemos, figuran Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla; y el actual alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), el socialista Sotero Manuel Martín Barrero. La Fiscalía pide cinco años de prisión para el primero y cuatro para el segundo por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

La Audiencia de Sevilla investiga las ayudas autonómicas presuntamente fraudulentas y por importe de 8.408.096,42 euros a empresas tales como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera. Unas subvenciones que se ejecutaron con cargo a la partida presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía, con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares e innecesarios, además de subvenciones arbitrarias y sin publicidad.

A la hora de exponer su informe final, la fiscal del caso ha asegurado que todos los acusados actuaron «a sabiendas» de que las ayudas recibidas por el citado grupo de empresas entre 2001 y 2007 fueron entregadas por la Junta socialista de Andalucía «al margen de cualquier procedimiento legal», considerando además que todos ellos «sabían que nadie controlaría el destino» de los fondos públicos concedidos.

Por ello, en sus conclusiones definitivas, el Ministerio Público pide cinco años de prisión y ocho de inhabilitación para Rodríguez de la Borbolla por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, y cuatro años de prisión y seis de inhabilitación para el resto de los acusados por los mismos delitos.

Además de Borbollas -exalcalde socialista de Cazalla-, por su papel de socio mayoritario, administrador único o apoderado de las empresas investigadas; y de Marín Barrero como alcalde actual de Cazalla por el PSOE y partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas, se investiga también al coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; a un empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y a un responsable bancario identificado como Gerardo C.E.

La Junta actuaba «a demanda»

Tras las pruebas testificales y periciales celebradas a lo largo del juicio, iniciado a mediados de marzo, la fiscal del caso ha invocado el testimonio del exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado por el «procedimiento específico» mediante el cual eran canalizados los fondos de la partida 31L de los presupuestos andaluces.

En concreto, ha rememorado que Viera testificó que «no existía una convocatoria específica» de estas ayudas, sino que la Administración actuaba «a demanda» de empresas que afrontaban situaciones «de crisis», tras lo cual ha recordado que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) autores de 275 informes sobre el conjunto de las subvenciones abarcadas por la macrocausa de los ERE manifestaron, de su lado, que las ayudas objeto de este juicio estaban descritas en los documentos como «específicas e incondicionadas», cuando una subvención «no puede ser incondicionada».

Mientras las ayudas indagadas fueron otorgadas durante el periodo en el que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social estaba comandada por Francisco Javier Guerrero, también condenado por el «procedimiento específico» articulado en la Junta para la tramitación de estos fondos y fallecido en 2020, la fiscal ha expuesto que con relación a las ayudas concedidas a las empresas del sector del corcho de la Sierra Norte de Sevilla no consta solicitud formal de ayuda, «instrumento imprescindible» para la tramitación ni «memoria de necesidad» o justificación del «interés social» ni documentos que reflejen «fiscalización» alguna del gasto final de los fondos.

Todos actuaron «a sabiendas»

Según la fiscal, todos los acusados contaron con «capacidad de decisión» en las empresas beneficiarias de estas subvenciones y actuaron «a sabiendas» de que las ayudas fueron entregadas «al margen de cualquier procedimiento legal».

Mientras Rodríguez de la Borbolla manifestaba a la hora de declarar como acusado que entregó «toda la documentación» a la secretaria de Guerrero y que era «función» de la Junta de Andalucía reclamar la justificación del uso del dinero público entregado, la fiscal ha advertido de que este encartado contaba con «formación y experiencia para saber» cómo funciona la tramitación de una ayuda, señalando además su relación con Guerrero, pues ambos fueron alcaldes socialistas de Sierra Norte de Sevilla.

Cualquier persona con «un mínimo de diligencia», según la fiscal, sabe que para acceder a las subvenciones públicas «al menos hay que pedirlas» de manera formal, extremo en el que ha insistido.

Así las cosas, la fiscal del caso, en sus conclusiones definitivas, ha solicitado cinco años de prisión y ocho de inhabilitación para Rodríguez de la Borbolla por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, reclamando para el resto de los acusados cuatro años de prisión y seis de inhabilitación por los mismos delitos.