Un empresario se enfrenta a tres años de cárcel por una ayuda de la Junta de Chaves de 300.000 euros

Las ayudas arbitrarias a empresas de la Junta socialista de Andalucía mediante expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tiene este martes un nuevo juicio en la Audiencia de Sevilla. La Fiscalía pide tres años de cárcel para un empresario como cooperador necesario de presuntos delitos de prevaricación y malversación por una ayuda de 300.000 euros concedida en 2008 de manera «injusta» y «al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido». El presidente andaluz por aquel entonces era el socialista Manuel Chaves.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada explica que la causa se dirige contra un empresario responsable de las sociedades Escayolas Saavedra y Yecom, quien «sabedor de que la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Trabajo y al margen de los procedimiento legalmente establecidos, podía otorgar fondos públicos para obtener liquidez inmediata», consiguió a través de contactos que «el director general de Trabajo y Seguridad Social beneficiara injustamente a sus dos empresas con una ayuda de 300.000 euros». Curiosamente, el empresario arrastraba una deuda con la Seguridad Social del mismo importe.

La Fiscalía explica que el director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía entre abril de 2008 y abril de 2010, Juan Márquez, «contraviniendo de forma clamorosa los intereses generales, sin que llegara a acreditarse en ningún caso el fin público de su aplicación, al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido y con el consentimiento y beneplácito de sus superiores -el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el ex consejero de Empleo Antonio Fernández-, contravino las más elementales normas de procedimiento en la gestión» de estos fondos públicos.

Los condenados

Cabe recordar que Juan Márquez, Agustín Barberá y Antonio Fernández fueron ya condenados a penas de prisión por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla por el juicio celebrado en torno al «procedimiento específico» de financiación de los ERE fraudulentos, cumpliendo ya pena de cárcel los dos últimos.

Los 300.000 euros concedidos para las sociedades Escayolas Saavedra y Yecom, según la Fiscalía, fueron otorgados «sin tramitarse expediente alguno, ni siquiera existir solicitud de la ayuda por parte de la mercantil beneficiaria, contando únicamente con un folleto de presentación del grupo empresarial y un fax de certificación de la titularidad de la cuenta bancaria», pesando además que este empresario arrastraba una deuda precisamente de 300.000 euros con la Seguridad Social.

El empresario, según la Fiscalía, recibió un primer pago de 200.000 euros el 29 de diciembre de 2008 y al día siguiente los 100.000 euros restantes, «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la concesión de subvenciones, con una clara subversión de los principios y normas», pesando que el acusado «era conocedor que en la decisión y disposición de los fondos de la Junta de Andalucía se había prescindido injustamente del procedimiento legalmente establecido».

«Y cuando percibió los 300.000 euros, no se le exigió que justificara el empleo de estos fondos públicos», agrega la Fiscalía en su escrito, recogido por Europa Press, precisando que no consta que la empresa «haya reintegrado» ese dinero, aun cuando la Junta de Andalucía le ha solicitado la correspondiente devolución.

Dado el caso, la Fiscalía achaca al empresario el papel de cooperador necesario de un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación de caudales públicos, reclamando para él tres años de cárcel y siete años y nueve meses de inhabilitación especial, así como que restituya los 300.000 euros a la Junta de Andalucía.