Comienza el juicio por otra ayuda ilegal de 1,2 millones concedida por la Junta socialista de Andalucía

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para este lunes el comienzo de un nuevo juicio sobre una de las piezas separadas de la macrocausa relativa a las irregularidades de la empresa de capital de riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) de la Junta socialista de Andalucía, en este caso por los préstamos participativos concedidos a la empresa de Mancha Real (Jaén) Electronics Devices Manufacture (EDM), por valor de 1,18 millones de euros.

En concreto, la sección Cuarta de la Audiencia tiene previsto que la vista se prolongue al menos durante los días 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30 y 31 de mayo.

Fue en marzo de 2018 cuando el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla acordó remitir a la Audiencia la pieza por los préstamos participativos a EDM, por las que están acusados el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y otras cuatro personas, en concreto un exconsejero de esta sociedad pública y tres representantes de EDM, por un delito de prevaricación y otro de malversación.

Cárcel

El Ministerio Público, en su escrito de acusación, pide para el ex presidente y el ex consejero de Invercaria seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta, en cada uno de los casos, por el presunto delito de malversación y otros diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.

Asimismo, reclama para los tres representantes de la empresa EDM dos años y seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación y seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación. Además, la Fiscalía solicita que los cinco acusados indemnicen conjunta y solidariamente a Inverseed SCR, sociedad heredera de Invercaria, en la cantidad de 1.368.954,98 euros.

Pérez Saququillo

Pérez-Sauquillo, recordémoslo, está condenado a tres años y medio de prisión por prevaricación en concurso con malversación por un préstamo arbitrario de 100.000 euros a la empresa Aceitunas Tatis, extremo ratificado por el Supremo; y ha sido condenado además a dos años y tres meses de prisión por los gastos propios de personal de Invercaria, a tres años de cárcel por el préstamo participativo de 300.000 euros concedido a la empresa jiennense Fumapa y a la misma pena por las ayudas por 1,5 millones de euros concedidas por Invercaria a la sociedad Cedes Electria.

Empero, su condena por el préstamo a la empresa Tatis ha sido la primera y de momento única en ser ratificada por el Supremo, extremo ante el cual la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla determinó su «inmediato ingreso voluntario en prisión»; ante lo cual su defensa ha alegado la grave enfermedad que padece, lo que a su vez llevaba a la Fiscalía a solicitar un informe médico forense y que los servicios médicos penitenciarios determinen si el inculpado «puede o no conllevar su enfermedad» en la cárcel.