Andalucía formará a sus mayores para reducir la brecha digital en colaboración con entidades bancarias

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un grupo de trabajo con las entidades bancarias con presencia en la comunidad para luchar contra la brecha digital y ofrecer una atención preferente y de calidad a las personas mayores, especialmente en zonas rurales.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (Cs), ha destacado este viernes en Cádiz que el sector bancario ha adquirido el compromiso y la «sensibilidad social» de ofrecer «atención individualizada» a un grupo «vulnerable» como el de las personas mayores.

Según ha informado la Junta en una nota, la Consejería lidera una mesa de trabajo con las entidades del sector, que entre otras acciones ha acordado impartir talleres de formación financiera y digital en los 168 centros de participación activa (CPA) repartidos por la comunidad a fin de paliar la brecha digital y agilizar las gestiones cotidianas de este grupo de la población.

Cabe destacar que las personas mayores representan el 17,7% de la población en Andalucía y en 2040 crecerán hasta suponer el 28,6% del total. En la actualidad, el 47% de los andaluces mayores de 55 años sufren soledad no deseada y el 15% se encuentra en riesgo de aislamiento social.

Brecha digital

La consejera, que ha participado en los actos oficiales de conmemoración del 50 aniversario del CPA La Caleta, ha celebrado que las entidades bancarias radicadas en Andalucía «se hayan reunido con el foco puesto en brindar una atención preferente a un grupo tan vulnerable».

«Hemos comprobado que es posible encontrar iniciativas de atención a estas personas que se alineen además con los criterios y valores de responsabilidad social corporativa y la sensibilidad social que impregnan la actividad del sector bancario», ha señalado la consejera.

En las reuniones han participado hasta ahora, gracias a la intermediación del Banco de España, entidades como Caixabank, Banco Santander, Cajasur-Kutxabank, Ibercaja, Caja Rural del Sur, BBVA, Fundación Cajasol y Unicaja Banco.

En este sentido, Ruiz ha explicado que el grupo de trabajo creado el pasado otoño responde «a la escucha activa de las solicitudes del Consejo Andaluz de Personas Mayores y de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores en Andalucía, que se han pronunciado en diversas ocasiones sobre la brecha digital y la dificultad de acceso a algunos trámites bancarios».

«Por eso quisimos adelantarnos y dialogar con las entidades en busca de soluciones», ha señalado la consejera, que ha valorado el «compromiso de estas entidades para ofrecer una atención individualizada y de calidad a este grupo de población».

Fruto de ese compromiso son los talleres de formación bancaria y nuevas tecnologías que se llevarán a cabo en la red de CPA de la comunidad, que cuentan con más de 460.000 personas asociadas. Serán ofrecidos por personas voluntarias y utilizando como punto de partida material didáctico elaborado por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Asimismo, la Junta ha detallado que se realizará una prospección entre esas personas usuarias de los centros de participación para concretar los puntos más interesantes a abordar en esas acciones formativas.

Soledad no deseada

Además de colaborar con los cursos, las entidades bancarias se han involucrado también en la puesta en marcha del ‘Protocolo de Detección de Soledad No Deseada de las Personas Mayores’, una iniciativa implantada para combatir el aislamiento forzoso de parte de este grupo de población.

La Junta ha especificado que un estudio de la Consejería de Igualdad señala que el 47% de los andaluces mayores de 55 años sufren soledad no deseada, y que ese sentimiento aumenta con la edad, siendo especialmente preocupante a partir de los 80 años.

Asimismo, un 15% se encuentra en riesgo de aislamiento social, cifras que aumentan entre los grupos de mayor edad como consecuencia de la rotura o pérdida de la red de amistades y una menor frecuencia de los contactos.

«Se trata de aprovechar la proximidad en el trato y la cercanía de la plantilla de estos organismos para que ayuden a dar la voz de alarma», ha indicado la consejera. De esta forma, desde la Consejería se formará al personal de las entidades bancarias para detectar estos posibles casos de aislamiento.

El Protocolo de Soledad No Deseada busca incorporar al entorno social de las personas mayores para detectar esos posibles casos de aislamiento.

«Queremos incorporar el sentido de comunidad para romper esa situación de soledad no deseada que viven muchas de nuestras personas mayores, favorecer la promoción del envejecimiento activo y mejorar de la calidad de vida y bienestar mental», ha señalado.

Así, el proyecto persigue la creación de redes comunitarias en las que, además de las entidades bancarias, participen los agentes sociales, vecinales, familiares, los CPA, los comercios e incluso los médicos, a fin de «para detectar esos casos y crear un mapa de personas que se encuentran en esa situación para darles una respuesta».

«Es un reto ambicioso, pero necesario, porque una sociedad digna no puede permitir que sus personas mayores estén en situación de soledad», ha señalado Ruiz, quien ha valorado la importante labor que realizan los CPA como elemento socializador.

La consejera ha recordado que «la atención a las personas mayores ha sido una de las prioridades del Ejecutivo andaluz en esta legislatura, como demuestra la puesta en marcha del I Plan Estratégico Integral 2020-2023».

Una iniciativa que llega «20 años después de que lo mandara la ley» y dotada con 164 millones de euros «para hacer políticas transversales que permitan que nuestros mayores sigan siendo un activo social, sigan participando plenamente en la vida y tengan unos recursos públicos de calidad».

El Protocolo de Soledad No Deseada es una de las acciones incluidas en este plan estratégico, que pone el acento en la prevención de la dependencia y el mantenimiento de la máxima autonomía posible para las personas mayores apostando por un modelo desinstitucionalizado, de forma que estas personas puedan escoger cómo y dónde quieren pasar esta etapa de su vida y tengan a su disposición los recursos pertinentes.

Por último, la Junta ha recordado que incluye, también, medidas para prevención de los malos tratos, la atención a la vulnerabilidad o la defensa de los derechos de los mayores LGTBI.