Las listas de espera vulneran la Carta Europea de los Derechos de los Pacientes

La Carta Europea de los Derechos de los Pacientes, suscrita en noviembre de 2002, recoge 14 derechos inalienables de los ciudadanos de la Unión Europea (UE) en materia de salud. El séptimo de ellos señala que “los sistemas de salud tienen el deber de establecer tiempos de espera dentro de los cuales ciertos servicios deben ser prestados, sobre la base de estándares específicos y dependiendo del grado de urgencia del caso”, por lo que las abultadas listas de espera de gran parte de las Comunidades Autónomas españolas suponen una vulneración del derecho de los pacientes a que se respeten los tiempos de respuesta asistencial considerados más adecuados para sus necesidades.

Recientemente, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, presentó a la presidenta del Congreso de los Diputados y al presidente del Senado el Informe Anual 2017, que analiza las actuaciones de su oficina durante dicho periodo en distintos aspectos de la sociedad, la economía y la política españolas. Durante su intervención ante las máximas autoridades del Poder Legislativo, dedicó un tiempo significativo al ámbito de la sanidad, señalando que los ciudadanos habían centrado buena parte de sus reclamaciones en la carencia de servicios o especialidades, la falta de medios personales y materiales de los centros sanitarios públicos y los problemas en edificios e infraestructuras.

También manifestó que estas realidades están detrás de la problemática de las listas de espera para consultas con los especialistas, la realización de pruebas diagnósticas y las intervenciones quirúrgicas, sobre las que su oficina ha considerado necesario actuar de oficio durante 2017 y que considera relacionadas con el hecho de que en España “arrecia la desigualdad”, motivo por el que la institución que representa ha optado por dedicar un capítulo de su informe a analizar los efectos de las políticas de austeridad iniciadas durante la crisis económica, que se han cebado especialmente en campos tan sensibles como la sanidad, la educación y la dependencia.

A finales del pasado otoño, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publicó los datos relativos al primer semestre de 2017 del Sistema de Información sobre Listas de Espera en el Sistema Nacional de Salud (Sisle-SNS), último periodo analizado, que sitúa en 58 días el tiempo de espera medio para las consultas de especialidades y en 104 días el tiempo medio de espera para las operaciones quirúrgicas.

Estas cifras contrastan significativamente con las de los centros de titularidad privada, que se sitúan en los 15,19 días para la citación con el especialista y los 28,20 días de espera media en cirugía.

Además, circulan intensos rumores que señalan a las Comunidades Autónomas de maquillar sus datos, que todavía se sospechan peores, pese al esfuerzo de algunas de ellas por reducirlas. En este contexto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) emitió un comunicado de prensa en diciembre del año pasado, en el que criticaba el panorama dibujado por Sisle-SNS y recordaba a las Administraciones Públicas que las listas de espera fueron la queja más frecuente de los ciudadanos en el ámbito sanitario durante 2016, último año del que se tienen datos estadísticos completos.

Además, hacía una recomendación muy clara a los ciudadanos: si se constata que el tiempo de espera es excesivo o superior al considerado máximo para cada situación concreta, por lo que podría llegar a suponer un peligro para la salud, se debe acudir al Servicio de Atención al Paciente del centro sanitario correspondiente.

Si una solicitud de buena fe no es atendida, se debe optar por presentar una reclamación oficial. La misma OCU ofrece un modelo estandarizado en su página web.