En Levántate OK, Javier Cárdenas ofrece detalles sobre «los asuntos turbios de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que habría mantenido un encuentro con el comisionista del Ministerio de Transportes, Víctor de Aldama, vinculado en la investigación del caso Koldo».
En el espacio de Javier Cárdenas, se destaca que»recordemos que la red de propiedades de la familia política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega hasta el mismo bloque de uno de los principales prostíbulos, concretamente saunas de orientación gay, que explotó su suegro, Sabiniano Gómez Serrano, y que luego llevaron los hermanos de éste».
En concreto, según ha podido saber OKDIARIO, el hermano de Begoña Gómez, Miguel Ángel Gómez Fernández, actualmente supervisor de posproducción en Vancouver Media, aparece como titular del único inmueble que ocupa la quinta planta del número 38 de la calle San Bernardo, en Madrid.
En el espacio de Javier Cárdenas, se destaca que «se trata del edificio en cuya planta baja se encontraba la famosa Sala Adán, que gestionó el suegro de Sánchez hasta el año 2006, el mismo en el que el entonces concejal socialista contrajo matrimonio con Begoña Gómez. Los nombres de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, su hermano Miguel Ángel, su padre Sabiniano y otros cuatro miembros de la familia política del presidente del Gobierno y líder del PSOE han aparecido hasta en dieciocho ocasiones en boletines oficiales ante la imposibilidad de cobrarles deudas que arrastraban con la administración».
En el programa de Javier Cárdenas, además, se señala que «en algunos casos, como el de Venerada Gómez Serrano, tía de la mujer del presidente del Gobierno, estas deudas han implicado embargos. La primera vez que Begoña Gómez apareció por ser deudora de la Administración fue el 5 de agosto de 2011. Ese día, mediante un anuncio público, el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial de León dio quince días a la mujer de Pedro Sánchez para comparecer en una de las siete sedes que tiene este organismo en la provincia, bajo la amenaza de embargar sus cuentas corrientes. La Diputación se había intentado poner en contacto con ella en dos ocasiones, sin obtener respuesta alguna».
