¿Para qué sirve el Consejo General del Poder Judicial?

Pregunte usted en cualquier juzgado de España, hoy tribunal de instancia, para qué sirve el Consejo General del Poder Judicial y observará un silencio muy elocuente, seguido de una sonrisa que en la carrera judicial equivale a un tratado de Derecho constitucional. La Constitución lo concibió como un dique: un órgano que gobernara a los jueces para que no los gobernara nadie más. La idea era excelente. El resultado, como tantas ideas excelentes en España, ha sido otra cosa.

Hubo un breve momento de inocencia. El primer Consejo, el de 1980, eligió a sus vocales judiciales entre los propios jueces, y durante unos años pareció que el invento funcionaba. Duró lo que duran las cosas que funcionan. En 1985 llegó la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Parlamento se quedó con la elección de todos los vocales y a Alfonso Guerra se le atribuyó aquello de que Montesquieu había muerto. Él siempre lo negó. Pero nadie ha vuelto a ver a Montesquieu por la calle Marqués de la Ensenada.

Desde entonces, el Consejo ha sido muchas cosas. Un campo de batalla. Una mesa de reparto. Una fábrica de comunicados. Lo único que no ha conseguido ser es lo que la Constitución le encargó: garante de la independencia judicial. Pequeño detalle.

Los vocales se agrupan en bloques que todo el mundo identifica por su color, aunque nadie lo pronuncie en voz alta, como se hace con las cosas de mal gusto. Los nombramientos se negocian con la delicadeza de quien cambia cromos en el recreo: te doy un presidente de Sala si me das dos de tribunal superior. Entre 2018 y 2024 asistimos además a una obra maestra: más de cinco años de mandato caducado. Ningún inquilino aguanta tanto con el contrato vencido sin que el casero llame a un abogado. Aquí, curiosamente, sobraban abogados. Al final tuvo que mediar Bruselas, como el profesor que separa a dos niños en el patio. Fue una gran noticia para el europeísmo y una pésima para la autoestima nacional.

Conviene decirlo con todo el respeto institucional que exige la toga, que es mucho, y con la prudencia que aconseja el escalafón, que es más. Los jueces españoles trabajan, resuelven y aguantan sin necesitar al Consejo para ser independientes. Lo son a pesar de él. La independencia la garantiza cada magistrado cuando firma una sentencia sin mirar quién la va a aplaudir.

Por eso quizá haya llegado el momento de la pregunta incómoda: ¿sirve de algo un Consejo que ni protege a los jueces ni prestigia a la Justicia? Caben tres respuestas. La primera, una reforma seria que devuelva a los jueces la elección de sus vocales, como Europa nos recuerda con paciencia de institutriz. La segunda, una revisión de su encaje constitucional. La tercera, sin dramatismo, plantearse si su desaparición haría más daño que su permanencia.

Montesquieu no murió en 1985. Lo que murió fue la vergüenza de repartirse a los jueces. Y esa, me temo, no hay comunicado que la resucite.