No fracasó el ahorro: lo saquearon

España vota el 29 de noviembre y las pensiones han entrado en campaña como siempre: con miedo. Basta con pronunciar la palabra «capitalización» para que se active un argumentario muy ensayado. El reparto sería solidaridad entre generaciones; la capitalización, un casino al servicio de la banca. Y como prueba definitiva circula una cifra: el 60 % de los países que privatizaron sus pensiones habrían dado marcha atrás.

Merece la pena mirar esta cifra muy de cerca, porque prueba justo lo contrario de lo que pretende la izquierda española.

Quién dio marcha atrás, y para qué

El dato sale de un informe de la Organización Internacional del Trabajo de 2018. Entre 1981 y 2014, treinta países introdujeron cuentas de capitalización obligatorias y dieciocho las revirtieron, total o parcialmente. La lista arranca con Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Argentina y Bolivia. Más que tecnócratas escarmentados, lo que asoma es una fila de Gobiernos con prisa por encontrar dinero.

Argentina, 2008. El kirchnerismo estatiza de un plumazo las administradoras privadas: unos 30.000 millones de dólares ahorrados por 9,5 millones de trabajadores, en plena crisis y con vencimientos de deuda encima. La oposición lo dijo en el Senado sin rodeos: el Gobierno tapaba un agujero fiscal con los fondos de los trabajadores.

Hungría, 2010. El Gobierno fuerza el traspaso al sistema estatal de más de 10.000 millones de euros de ahorro privado, cerca del 10 % del PIB, para dejar el déficit por debajo del 3%.

Polonia, 2014. El Estado traspasa a su seguridad social el 51,5% de los fondos privados, 153.200 millones de zlotys, amortiza los bonos que había dentro y su deuda pública cae siete puntos de golpe.

Ninguno de esos países abandonó la capitalización porque el ahorro hubiera fracasado. La abandonaron porque había ahorro, y el ahorro acumulado es la única hucha que un Estado endeudado todavía no ha vaciado. Ese 60% no mide el fracaso de la capitalización. Mide el apetito voraz del Estado.

Lo que el relato de la izquierda se calla

Si la capitalización fuera un casino condenado al desastre, los mejores sistemas de pensiones del mundo serían de reparto puro. No lo son. En el índice global de Mercer y el CFA Institute de 2025, los únicos sistemas con nota A son los de Países Bajos, Islandia, Dinamarca, Singapur e Israel, todos con un enorme pilar de ahorro acumulado. España se queda en un pobre C +.

¿Volatilidad? Chile es el comodín del miedo. Pero su Superintendencia de Pensiones calculó en octubre de 2008, el peor mes de la crisis financiera, que el fondo intermedio acumulaba desde 1981 una rentabilidad real del 8,86% anual. Una pensión se ahorra durante cuarenta años, no durante un telediario. Lo que ha fallado en Chile es otra cosa: una cotización obligatoria de apenas el 10% del salario, años enteros sin cotizar y una economía informal enorme. Ningún sistema paga pensiones con cotizaciones que nunca existieron.

Las comisiones y el oligopolio son reales allí donde el Estado obliga a cotizar y decide quién puede gestionar ese dinero. Una clientela cautiva por ley es un regalo para cualquier gestora. La propia OIT reconoce que los reguladores acabaron capturados por los grupos que debían vigilar. Eso es un fallo del Estado, no del mercado, para variar.

Y un último detalle que estropea el cuadro. En España, la capitalización no la enterró el mercado. La primera pensión obligatoria del país, el Retiro Obrero de 1919, funcionaba por capitalización. Fue el franquismo, en 1939, quien la sustituyó por el reparto.

El sistema español está quebrado

Al reparto se le presenta como el modelo sin costes. Basta con mirar la factura. En septiembre, la Seguridad Social pagó 14.498 millones sólo en la nómina ordinaria de pensiones contributivas, un récord. Las cotizaciones ya no llegan: en 2025 el Estado transfirió 61.342 millones al sistema y, sin esa ayuda, el déficit habría rondado los 70.000 millones, un 4,15 % del PIB. Sumando todo lo inyectado en veinte años, el patrimonio neto de la Seguridad Social
está en unos 600.000 millones en negativo.

Y la aritmética va a peor. En 2024 la fecundidad cayó a 1,10 hijos por mujer. La AIReF prevé que pasemos de 2,1 cotizantes por pensionista a 1,4 en los años cincuenta, con un gasto que subirá del 12,9% al 16,1% del PIB. La OCDE calcula que hacia 2045 seremos el país de la organización que más dedica a pensiones.

Los defensores del reparto lo sabían. Paul Samuelson, Nobel y nada sospechoso de liberal, defendió la seguridad social en Newsweek en 1967 con una frase que hoy suena a confesión: «Una nación que crece es el mayor juego de Ponzi jamás inventado». Todo dependía del «que crece». Sin hijos y con la productividad estancada, el juego se termina y lo pagan los últimos en
llegar.

Lo pagan, además, sin ser dueños de nada. Tu cotización no se ahorra: se gasta ese mismo mes. No te da propiedad alguna, solo una expectativa que el legislador modifica cuando le conviene. La AIReF calcula que la pensión media pasará de equivaler el 68,4% del salario medio en 2025 al 60,2% en 2050. Nadie te pedirá permiso, obviamente.

Soluciones de propiedad, no promesas

La salida tampoco es un Chile con otra bandera, ni capitalizar un fondo público, como plantea Vox en esta campaña. España ya tuvo uno: la hucha de las pensiones llegó a 66.815 millones en 2011, invertida en deuda pública española, y en 2019 apenas quedaban 1.500 millones. El ahorro al alcance del político acaba siempre igual.

La alternativa es devolver a cada persona la propiedad de su ahorro.

Primero, libertad de salida. Quien empiece a trabajar debe poder quedarse fuera del reparto y ahorrar donde quiera y con quien quiera, sin una lista de administradoras bendecidas por el BOE. Sin clientela cautiva no hay oligopolio que defender.

Segundo, honrar lo comprometido. A quien ya ha cotizado se le reconocen sus derechos con un bono. Esa deuda ya existe; hoy simplemente se esconde en las transferencias del Estado. Se amortiza vendiendo patrimonio público y recortando gasto, no emitiendo más deuda.

Tercero, blindar ese ahorro. Lo ocurrido en Buenos Aires, Budapest y Varsovia demuestra que la mayor amenaza para una jubilación es un Gobierno con déficit, mucho más que la Bolsa. Un patrimonio privado y heredable, fuera del alcance del ministro de turno, es la única garantía que merece ese nombre.

Cuarto, una red de seguridad que no dependa del BOE. Antes de que el Estado monopolizara la previsión, los trabajadores españoles se organizaban en montepíos, mutualidades y cajas de ahorro. Ese tejido voluntario, y no la cotización forzosa, es el que debe proteger a quien no pudo ahorrar.

Lo que se vota en esta campaña es una promesa política revocable frente a una propiedad que nadie puede tocar. Los países que «revirtieron» sólo enseñan una cosa: lo que hace un Estado cuando encuentra ahorro ajeno, un botín.