Ni Alfonso Guerra ni Joaquín Leguina consideran constitucional la LIVG

Este fin de semana se hicieron vírales en las redes y algunos foros de internet unas asombrosas declaraciones del ex dirigente socialista Alfonso Guerra. Eran del 19 de noviembre pasado, en la sede de la firma internacional de abogados Ashurst. Tuvieron que pasar varios días hasta que la noticia, difundida por Europa Press y publicada en Youtube, recibiera la atención que merecía. Ningún medio la recogió con anterioridad.

Aunque el motivo de la entrevista eran las opiniones del expresidente sobre la sentencia del caso de los ERE, lo que resultó un bombazo fueron unos comentarios al margen que valen su peso en oro (informativo y político). Directamente y sin circunloquios, Alfonso Guerra se refiere a la Ley de Violencia de Género como decididamente «inconstitucional» y no tiene reparo en admitir que el Tribunal Constitucional recibió fuertes presiones para aprobarla en el 2004.

Estas declaraciones son de una seriedad y una gravedad extraordinarias al poner negro sobre blanco algo que nos abochorna constatar: que el Tribunal Constitucional se pliega a los dictados políticos de una manera absolutamente lamentable y que los políticos son rehenes del populismo más rampante.

Y, aunque el protagonista aquí es el PSOE y su afán de aprobar una ley que se fundamenta en la ideología y que está básicamente pensada para satisfacer las presiones de sus colectivos más afines, también señala la falta de criterio y decisión del PP. Efectivamente, este partido apoyó entonces este engendro y a día de hoy sigue evitando afrontar una problemática que afecta a toda la sociedad, con los ojos más puestos en no salirse de un camino que erróneamente cree que le garantiza el voto centrista que en salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos de su país.  Todos contribuyeron en aprobar una ley que violaba el Artículo 14 de la Constitución y ningún representante político alzó su voz para oponerse. 30 diputados se ausentaron en la votación, (tres de ellos del PSOE, Alfonso Guerra uno de ellos)

En medio de este fragor conocimos otras declaraciones, también extraordinarias, clamando contra la misma Ley, quince años después de ser puesta en marcha. Singularmente, la de otro peso pesado socialista, Joaquín Leguina, en una entrevista sensacional a cargo de una sorprendida Susanna Griso en la 4. Con una franqueza de la que solo lamentamos que tenga lugar a toro pasado y cuando ya no hay “skin in the game” que lamentar, el ex dirigente asegura sin pelos en la lengua que en la susodicha ley “se atacan derechos fundamentales como la igualdad ante la Ley” y “el derecho de defensa”. No sólo eso: circunspecto y aleccionador defiende su crítica y advierte al espectador de que “la vida democrática” pende precisamente de estos principios. Y es realmente deslumbrante cuando, al preguntarle con mucho sentido la periodista sobre por qué “no lo planteó” entonces (hay que subrayar que Joaquín Leguina sí votó a favor), asegura que sí lo planteó, pero donde tenía que plantearlo: en el partido, porque “hay que votar lo que diga el partido”. Y luego se descarga afirmando que la culpa, en resumidas cuentas, la tuvo Zapatero, que era muy amigo del ex juez del TC.

En fin, es muy triste constatar una vez más que la separación de poderes en nuestro país es perfectamente mejorable. Y que lamentablemente el cálculo político y el populismo más crudo consigue que nuestros políticos aparquen sus dudas y aprensiones con toda clase de tretas y voten o permitan votaciones conscientes de que no se están respetando los derechos y libertades de la ciudadanía. Y que, para saber la verdad, tengamos que esperar a que los protagonistas hayan obtenido la categoría de eméritos y que se sientan libres de contar lo que en su día callaron porque ya no tienen nada que perder. Y mientras tanto los discrepantes señalados y estigmatizados.