Más protección para las aguas internacionales: entra en vigor el Tratado de los Océanos

Hoy sábado 17 de enero se activa el Tratado de los Océanos, también conocido como Tratado de Alta Mar o BBNJ, por sus siglas en inglés. A partir de entonces, la comunidad internacional contará, por primera vez, con un marco jurídicamente vinculante para utilizar de manera sostenible la biodiversidad marina más allá de las zonas controladas por los países.

El acuerdo entra en vigor tras haber conseguido reunir la firma de 145 países y la ratificación de 81 de ellos. Entre las naciones que lo han ratificado —el paso definitivo que obliga a un Estado a cumplir legalmente el tratado— no figura Estados Unidos, que lo firmó bajo la Administración del anterior presidente, Joe Biden, pero que a día de hoy no ha completado el último trámite.

Esta notoria ausencia no ha impedido que, en septiembre del pasado 2025, se alcanzara el mínimo de 60 ratificaciones exigidas para la puesta en marcha del tratado, culminando así un proceso iniciado en 2004, en el marco de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.

Constitución de los Océanos

Dicha Convención, también conocida como Constitución de los Océanos, establece el sistema jurídico global que regula los derechos y obligaciones de los Estados sobre el uso de los mares y océanos, desde las aguas territoriales hasta la alta mar.

Este sistema se verá pronto reforzado por el BBNJ, que aspira a dar cobertura a una superficie que representa casi dos tercios de los océanos, garantizando, al mismo tiempo, «un reparto justo de los beneficios de las actividades relacionadas con los recursos genéticos marinos (…) en provecho de toda la Humanidad».

Áreas Marinas Protegidas

El texto también prevé la creación de Áreas Marinas Protegidas (AMP) en aguas internacionales, así como la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental de las actividades en alta mar, considerando las posibles consecuencias del cambio climático, la acidificación de los océanos y otros efectos causados sobre el medio marino.

Por último, el Tratado de los Océanos pretende facilitar la cooperación y la transferencia de tecnología marina para ayudar a las Partes, en particular a los países en vías de desarrollo, a que cumplan los objetivos del acuerdo.

Multilateralismo y equidad

Una de las organizaciones que más se ha movilizado a favor del tratado ha sido la Alianza de Alta Mar (High Seas Alliance). Para su asesora de Estrategia y Coordinadora en la Unión Europea, Nathalie Rey, este acuerdo es un «gran testimonio del multilateralismo» y una muestra de que «podemos juntarnos y hacer algo bueno para el planeta».

Según Rey, la entrada en vigor del acuerdo se debe a la «dedicación» de un grupo de países, pero también al «fuerte elemento de equidad» del texto. «No sólo gira en torno a la conservación, sino también a la equidad, la justicia y la distribución de beneficios, y creo que eso también ha sido una fuerza impulsora clave», puntualiza.

Antes del 17 de enero de 2027, los países deberán reunirse en la que será la primera Conferencia de las Partes (CoP1), que se celebrará en Nueva York. Allí comenzará a definirse la arquitectura financiera e institucional que hará posible el cumplimiento del tratado. También se acordarán en la CoP1 los procesos para el establecimiento de las primeras Áreas Marinas Protegidas de Alta Mar.

Objetivo 30×30

En este sentido, Ana Pascual, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace —organización que también forma parte, a su vez, de la Alianza de Alta Mar— espera que esas AMP contribuyan a alcanzar el objetivo 30×30, una petición de las ONG y la comunidad científica, que reclaman que al menos el 30% de los mares y océanos queden protegidos para el año 2030.

Para conseguirlo, el ritmo de creación de Áreas Marinas Protegidas debe equivaler a una extensión de más de doce millones de kilómetros cuadrados cada año. «Es una superficie mayor que la que ocupa Canadá», resalta Pascual.

Islas Canarias

Unos 20 lugares de todo el mundo podrían pasar a formar parte de la primera generación de AMP en aguas internacionales, según la Alianza de Alta Mar. Entre ellas figura una zona cercana al territorio español: la Corriente de las Islas Canarias de la costa de África Occidental, en la zona atlántica.

Greenpeace espera que estas nuevas zonas protegidas apuesten por el nivel más alto de protección, el que corresponde a las figuras de protección alta y estricta, que implican la prohibición total de actividades humanas susceptibles de causar daños a los hábitats marinos y a las especies que albergan, como la pesca o la minería.

Esta propuesta de veto para las actividades pesqueras en las Áreas Marinas Protegidas de Alta Mar beneficiaría a la pesca sostenible, según el grupo ecologista. «En Greenpeace sabemos que la pesca sostenible es la pesca artesanal, que además es la que se realiza cerca de las costas», detalla Pascual.

Reservas marinas

De hecho, la responsable de Océanos de Greenpeace sostiene que prohibir la pesca en las AMP de alta mar puede resultar, paradójicamente, una medida beneficiosa para la propia actividad pesquera, y remite a la experiencia de España con las reservas marinas de interés pesquero.

«En estas zonas la pesca suele restringirse, lo que favorece la recuperación de la biodiversidad no sólo dentro de las reservas, sino también fuera de las mismas, ya que el océano funciona como un sistema conectado. Como resultado, los pescadores acaban obteniendo mayores capturas», remarca Pascual.

Zonas económicas exclusivas

Además de la aprobación de las primeras Áreas Marinas Protegidas (AMP) en alta mar, Greenpeace confía en que la puesta en marcha del tratado sirva también de incentivo para que los países amplíen las zonas protegidas dentro de sus zonas económicas exclusivas.

En el caso de España, que fue el primer país de la UE en ratificar el tratado —proceso que se completó el 4 de febrero de 2025—, durante el pasado año el porcentaje de protección marina aumentó desde alrededor del 12% hasta aproximadamente el 22,5% de nuestras aguas jurisdiccionales.

Objetivo incumplido

Pese a este avance, no se alcanzó el objetivo fijado por el Gobierno, que había anunciado que en 2025 la protección se ampliaría hasta el 25,7% de la superficie marina.

«También queremos que en España se llegue al 30% de protección de las aguas nacionales mediante la aprobación de más áreas marinas protegidas, y que además se haga de manera efectiva», apunta Pascual.

«En la actualidad, la mayoría de nuestras áreas marinas no cuentan con planes de gestión, de modo que son AMP sólo sobre el papel y no existe un mecanismo que garantice que están realmente protegidas», lamenta la responsable de Greenpeace.

UICN

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), organización que igualmente forma parte de la Alianza de Alta Mar, también ha aportado su visión sobre la entrada en vigor del Tratado de los Océanos.

Según su gerente sénior del Programa de Océanos, Heidi Weiskel, la ciudadanía comprende cada vez más la necesidad de proteger el océano, ya que «si no protegemos la alta mar, ponemos en peligro no solo el océano y sus especies, sino también nuestro propio bienestar».

«De hecho, no podemos sobrevivir en la Tierra sin un océano sano. Nos proporciona alimentos y recursos de los que dependemos para nuestra supervivencia y, además, regula el clima», insiste Weiskel.

Recuperación de especies

Las metas de los acuerdos internacionales ambientales suelen alcanzarse décadas después de su entrada en vigor. Sin embargo, la experta ha apuntado a que, por ejemplo, se podría observar una recuperación de algunas especies de alta mar si gracias al BBNJ cesan algunas de las amenazas más fuertes que pesan sobre ellas.

«Sé que es muy optimista verlo en un par de años, pero es notable la rapidez con la que algunas comunidades y especies marinas se recuperan cuando se liberan de esas presiones inmediatas tan intensas», concluye la responsable de la UICN.