Aprobado el nuevo proyecto de Ley de Economía Circular de la Comunidad de Madrid
Persigue reforzar la seguridad jurídica, eliminar la hiperregulación, proteger el entorno, impulsar la sostenibilidad y generar empleo estable
Las cenizas de combustión de biomasa podrán utilizarse como fertilizante y la resina plástica servirá para la producción de aislantes en construcción
Mejorar el medioambiente, reducir la burocracia y aprovechar de manera más eficiente los recursos naturales son los objetivos establecidos por el nuevo proyecto de Ley de Economía Circular que impulsa la Comunidad de Madrid.
El siguiente paso tras su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid será llevarlo a la Asamblea para su aprobación. Se prevé que entre en vigor a principios de 2024, unos meses más tarde de lo previsto a causa de las urnas regionales.
Este retraso ha permitido recibir nuevas aportaciones gracias a la interlocución con colectivos del sector ambiental que ya participaron en su inicial proceso de elaboración.
Menos burocracia
Desde el ejecutivo regional se explica que la reducción de burocracia no significará que haya más tasas y que se pasa de un «modelo lineal al de la reutilización y reciclaje, que maximiza el ciclo de vida de los materiales y previene la generación de residuos».
De este modo, aseguran fuentes de la Comunidad de Madrid, que «se creará un sistema productivo y de consumo más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, en línea con las directrices que marca la Unión Europea».
El objetivo que persigue la Ley de Economía Circular madrileña busca, según sus impulsores, «la implicación de toda la sociedad, fomentando un uso responsable y competente de los recursos naturales, el incremento de la vida útil de los productos que con ellos se generen y su reciclaje y valorización para incorporarlos de nuevo a la cadena de producción».
Avanzar hacia el vertido cero
Este proyecto de legislativo, además, permitirá avanzar hacia el vertido cero e incentivar la creación de nuevas oportunidades para las empresas y municipios de la región. «Se trata de una norma incentivadora, no impositiva, que evita burocracia y gastos innecesarios, ya que no requiere de un organismo adicional ni establece tasas ni impuestos agregados», insisten sus redactores.
Desde el ejecutivo regional se inicia así el buscar mayores beneficios ambientales, junto a otros económicos, sociales y académicos, a la vez que se «persigue reforzar la seguridad jurídica, eliminar la hiperregulación, proteger el entorno, impulsar la sostenibilidad y generar empleo estable y riqueza».
Apoyo a los municipios en la transformación
Con esta nueva Ley de Economía Circular, la Comunidad de Madrid fija el objetivo de construcción de instalaciones de tratamiento de desechos más grandes y modernas, financiadas el 50% con los municipios y las mancomunidades, para responder a las exigencias fijadas por la Unión Europea.
Además, se establece un mínimo de puntos limpios por localidad y de unidades móviles y regula la prestación de los servicios mínimos obligatorios relacionados con la recogida y tratamiento.
En el plano económico y empresarial se redacta explícitamente que hay que dar un apoyo a las empresas para darles seguridad jurídica y promover que instauren procesos medioambientalmente adecuado y, además, se propone la figura de inversión empresarial con el fin de captar aportaciones que sean de carácter estratégico.
Biomasa y resinas
Por ejemplo, en este contexto, se permitirá que las cenizas de combustión de biomasa puedan usarse como fertilizante, que los recortes de poliestireno (resina plástica) sirvan para la producción de aislantes en construcción o que las virutas de madera se utilicen para elaborar camas de ganado.
Desde el ejecutivo madrileño se explica que una vez aprobada la Ley de Economía Circular, «la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior desarrollará la nueva Estrategia de Economía Circular 2025/32».
El objetivo es el de cambiar el modelo de transformación actual, el de depósito en vertedero hacia uno de tratamiento de residuos, «comenzando por las Mancomunidades del Noroeste y del Sur, donde se apoyará financieramente su modernización y desarrollo».
El importe económico de esta inversión asciende a 450 millones de euros a estas dos mancomunidades y a la del Este en los próximos 20 años, según informaciones de la propia Comunidad de Madrid.