España lidera la acuicultura europea reclamando más coordinación entre administraciones

El sector de la acuicultura en España reclama una mejor coordinación entre las diferentes administraciones competentes «que contribuiría a fomentar el crecimiento de una actividad esencial para garantizar que el pescado siga siendo accesible para todos».

Así lo ha puesto de manifiesto Apromar, asociación que aglutina al sector acuícola español y desarrolla el proyecto Acuicultura de España, que  visibiliza en un comunicado esta preocupación, una postura que comparte  la Comisión Europea.

Como principal productor acuícola a nivel comunitario (266.066 toneladas en 2023, según el último Informe de Apromar), España tiene un papel clave en la producción sostenible y accesible de pescado a nivel nacional e internacional.

Agente clave en Europa

Por este motivo, el sector productor de acuicultura español se ha convertido en un agente clave en el impulso de iniciativas que fomentan la actividad dentro del marco europeo, posicionando la producción de alimentos de calidad como una prioridad en la agenda política de la Unión Europea.

Concretamente, la posición española en la UE ha sido determinante en los últimos años, contribuyendo al desarrollo del marco de las Directrices Estratégicas para una Acuicultura de la UE más Sostenible y Competitiva 2021-2030.

Estrategia EsAcui 21-30

En este contexto, España a través del MAPA ha impulsado la estrategia EsAcui 21-30, que establece principios fundamentales como la cooperación entre instituciones, la integración y transversalidad de políticas, así como la optimización en el uso de los recursos, elementos esenciales para seguir avanzando y consolidar a la acuicultura como un sistema productivo clave.

En palabras de Javier Ojeda, gerente de Apromar, «pertenecer a la UE es sinónimo de garantía de seguridad alimentaria y medioambiental; sin embargo, también trae consigo una serie de obligaciones administrativas que deberían afinarse en aras de dinamizar más al sector y hacerlo más competitivo, sobre todo, de cara a terceros países donde la legislación es más laxa».

Añade Ojeda que «nuestro sector tiene el firme propósito de seguir avanzando para conseguir la mejora de la gobernanza y del marco normativo  para garantizar la competitividad y sostenibilidad de la actividad».

Cruce de administraciones

En la gestión de las instalaciones acuícolas confluyen diversas administraciones públicas, ya que es una actividad que se desarrolla en general sobre espacios naturales públicos (mares y ríos).

Por un lado, las Comunidades Autónomas son las que regulan y gestionan la actividad, a través de normativas específicas; así mismo, la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) tiene un papel fundamental en la coordinación de las políticas nacionales y representa al sector ante la Unión Europea y organismos internacionales.

Sin embargo, son las administraciones regionales las que, en última instancia, otorgan las licencias para su puesta en marcha y pueden influir en la ubicación basándose en los Planes de Ordenación Urbana, aunque previamente el MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), en sus Planes de Ordenación, haya identificado las zonas donde se pueda desarrollar la actividad.

Motor de la economía local

Por lo tanto, concluye Apromar «la acuicultura español es fundamental desarrollar una planificación estratégica en la que colaboren todas las administraciones competentes de forma que se impulsen y se promueva su crecimiento y refuerce su viabilidad para continuar siendo uno de los motores de la economía local que genera puestos de trabajo (más de 8.200), sobre todo, en zonas rurales, y una forma viable, sostenible y segura de proporcionar alimentos naturales y nutritivos a la población.