Diez medidas estratégicas para impulsar con éxito la bicicleta pública en todas las ciudades españolas
Impulso y Nextbike presentan la primera "Guía de Buenas Prácticas para la implantación de Sistemas de Bicicleta Pública"
Barcelona y Valladolid lideran esta opción de movilidad con más de 3 bicicletas por cada 1.000 habitantes

La presentación hoy en Madrid de una nueva guía de buenas prácticas marca un punto de inflexión para la bicicleta pública en España. El documento establece diez medidas estratégicas que aspiran a convertirse en el estándar técnico para el despliegue de estos sistemas de movilidad sostenible.
La bicicleta pública se consolida como servicio esencial en la movilidad urbana española, impulsada por la nueva Ley de Movilidad Sostenible y la creciente demanda ciudadana.
Una herramienta práctica
La presentación de este documento, liderado por Impulso by Pons y Nextbike, reunió a responsables públicos de movilidad, empresas y expertos del sector en el marco del III Ciclo Mobility City.
El objetivo principal es ofrecer a administraciones públicas, operadores y agentes una herramienta práctica basada en la experiencia y la evidencia científica. Esta iniciativa busca garantizar la calidad y sostenibilidad de los servicios en todas las ciudades del país.

Planificación estratégica
El documento identifica la planificación basada en datos como primer ámbito esencial. Esta medida propone un diagnóstico riguroso de la demanda y la infraestructura ciclista, apoyado en encuestas, conteos y análisis sociodemográficos detallados.
La cobertura equitativa ocupa el segundo lugar, garantizando el acceso en barrios periféricos y zonas con menor renta mediante innovaciones como estaciones virtuales y flex-zones.
El diseño accesible e inclusivo constituye la tercera medida clave. Las bicicletas y estaciones deben adaptarse a todas las personas, incorporando tarifas reducidas para colectivos vulnerables. El modelo contractual robusto se sitúa como cuarta prioridad, permitiendo la selección del sistema de contratación en función de la capacidad inversora y los objetivos públicos de cada municipio.
Sostenibilidad económica
La quinta medida aborda la sostenibilidad económica mediante el análisis del coste total de propiedad. Esta estrategia incluye la diversificación de ingresos a través de tarifas, publicidad y patrocinios que aseguren la viabilidad del servicio. La selección tecnológica avanzada ocupa el sexto lugar, promoviendo flotas mixtas con bicicletas mecánicas y eléctricas, además de garantizar la interoperabilidad y ciberseguridad de los sistemas.

La operación eficiente se establece como séptima medida, con mantenimiento preventivo y redistribución inteligente de la flota. La gestión de riesgos y resiliencia constituye el octavo punto, incluyendo planes de contingencia, seguros adecuados y formación continua del personal operativo.
Control de datos
El gobierno del dato y evaluación representa la novena medida estratégica. Esta propuesta asegura el control público de los datos, estableciendo indicadores de desempeño y auditorías periódicas para evaluar el funcionamiento. La comunicación y fidelización cierra el decálogo, promoviendo identidad visual coherente, campañas de lanzamiento efectivas y estrategias continuas de promoción del uso.
El panorama actual de la bicicleta pública en España muestra una expansión notable pero desigual. Barcelona y Valladolid lideran la implantación con ratios superiores a 3 bicicletas por cada 1.000 habitantes. Grandes urbes como Madrid o Palma de Mallorca se sitúan en torno a las 2,2 bicicletas por cada 1.000 habitantes.
Desarrollo desigual
Esta disparidad refleja tanto el compromiso de algunas administraciones locales como la necesidad de superar retos estructurales pendientes. Entre los desafíos destacan la fragmentación de la planificación, la falta de integración con otros modos de transporte y la escasa homogeneidad en los modelos de gestión entre diferentes territorios del país.
A pesar de estos obstáculos, la tendencia resulta positiva para el futuro inmediato. El sector registra un incremento significativo en el nivel de electrificación de las flotas, con algunos sistemas renovados que funcionan con 100% de bicicletas eléctricas. Más del 50% de los sistemas cuentan actualmente con una parte de unidades eléctricas en sus flotas.

Normalización del servicio
Los modelos de gestión también experimentan cambios significativos en todo el territorio nacional. Se generalizan los contratos de servicios en los sistemas actualizados y se normaliza la aportación pública para el funcionamiento. Esta transformación considera la bicicleta pública como transporte público, lo que implica una normalización de la aportación económica de las administraciones locales.
La aparición de sistemas metropolitanos permite amplificar el servicio para más población, haciéndolo de forma conjunta para ganar viabilidad y calidad. Entre los retos pendientes destaca la incorporación de bicicletas y ciclos especiales para hacer más inclusivos estos sistemas en todas las ciudades españolas.
Las diez medidas
La guía de buenas prácticas establece estos ámbitos de actuación esenciales para garantizar el éxito de los sistemas de bicicleta pública en cualquier municipio:
- Planificación basada en datos: diagnóstico riguroso de la demanda y la infraestructura ciclista mediante encuestas, conteos y análisis sociodemográficos.
- Cobertura equitativa: garantizar el acceso en barrios periféricos y zonas con menor renta a través de estaciones virtuales y flex-zones.
- Diseño accesible e inclusivo: bicicletas y estaciones adaptadas a todas las personas con tarifas reducidas para colectivos vulnerables.
- Modelo contractual robusto: selección del sistema de contratación según la capacidad inversora y los objetivos públicos del municipio.
- Sostenibilidad económica: análisis del coste total de propiedad y diversificación de ingresos mediante tarifas, publicidad y patrocinios.
- Selección tecnológica avanzada: flotas mixtas con bicicletas mecánicas y eléctricas que garanticen interoperabilidad y ciberseguridad.
- Operación eficiente: mantenimiento preventivo, redistribución inteligente de la flota y protocolos claros ante incidencias.
- Gestión de riesgos y resiliencia: planes de contingencia, seguros adecuados y formación continua del personal operativo.
- Gobierno del dato y evaluación: control público de los datos con indicadores de desempeño y auditorías periódicas.
- Comunicación y fidelización: identidad visual coherente, campañas de lanzamiento y estrategias de promoción del uso continuado.