Los cazadores se alzan contra la reforma legal que prohibiría a los menores asistir a jornadas de caza

Más de medio millón de cazadores españoles combatirán frontalmente la prohibición que proyecta el Ministerio de Juventud e Infancia para impedir que los menores de edad puedan asistir o participar en jornadas de caza.

La medida, que se articularía a través de la ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), amenaza con dificultar gravemente el relevo generacional en el sector cinegético.

Ante este anuncio, la Real Federación Española de Caza (RFEC) ha declarado que movilizará todos sus recursos para frenar una iniciativa que considera un ataque frontal contra la libertad de los cazadores.

Movilización del sector

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió recientemente ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas que España incorporaría esta prohibición a la legislación nacional.

La reforma alegaría que los niños que asisten o participan en jornadas cinegéticas estarían expuestos a riesgos físicos, psicológicos y emocionales. Sobre este punto, la RFEC señala que «no se aportarían datos objetivos ni estudios científicos que confirmen esta teoría fundamentada en argumentos ideológicos anticaza». Según el Ministerio, las actividades con violencia conllevan riesgos para la integridad física y psíquica de los menores.

La RFEC ha anunciado que solicitará información detallada sobre el proyecto e iniciará una ronda de contactos políticos a todos los niveles. El presidente de la federación, Josep Escandell, apeló al sentido de la responsabilidad del ejecutivo y del principal partido del Gobierno por su vínculo con el mundo rural para frenar esta medida.

«Exigimos coherencia con la estrategia nacional cinegética, en la que una amplia mayoría del parlamento se comprometió a velar por la continuidad de la actividad, que no será posible sin relevo», explicó el dirigente cinegético.

Tradición familiar en peligro

El sector cinegético considera el ataque tan grave como el proyecto de Ley de Bienestar Animal, que el 20 de marzo de 2022 movilizó por las calles de Madrid a más de 800.000 manifestantes procedentes de toda España.

La RFEC recuerda que la caza es una actividad con un fortísimo arraigo social y cultural, especialmente en la España rural, «donde incontables generaciones se han criado en contacto con esta práctica desde la infancia, sin que ello haya supuesto ningún tipo de perjuicio físico o psicológico». España cuenta actualmente con 577.742 cazadores, según el último estudio de la Fundación Artemisan, con datos de 2023.

Escandell añade que «no permitiremos bajo ningún concepto que se atente contra la libertad y el derecho de educar a nuestros hijos en consonancia con nuestros valores». La actividad cinegética genera el 80% de sus empleos directos en zonas rurales, y un 32,6% de los cazadores vive en municipios con menos de 5.000 habitantes. Para muchas familias del campo, la caza es no sólo una afición, sino un eje vertebrador del territorio y una forma de transmisión cultural entre generaciones.

Contexto legal y social

La iniciativa, que obligaría a los cazadores a que se activara la prohibición de menores, por parte del Ministerio de Sira Rego responde a recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU, que desde 2018 insta a España a impedir la participación de menores en actividades con violencia contra animales.

La propuesta afecta igualmente a los espectáculos taurinos, generando un amplio rechazo en sectores tradicionales españoles. El texto está pendiente de las últimas aportaciones del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes antes de su aprobación en Consejo de Ministros, según han informado fuentes del departamento dirigido por Rego.

La exposición de motivos de la reforma detalla que «la exposición temprana a la violencia puede desensibilizar a los menores frente al sufrimiento ajeno, afectando el desarrollo de la empatía y normalizando la violencia como entretenimiento».

Esta argumentación choca con la visión del sector cinegético, que defiende la caza como una actividad regulada, esencial para la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de ecosistemas. España es el segundo país europeo con mayor número de cazadores, sólo por detrás de Francia.

Manifestaciones anticaza coinciden con el debate

La polémica sobre la prohibición de menores en jornadas organizadas por los cazadores ha coincidido con las manifestaciones contra esta actividad cinegética celebradas ayer domingo 1 de febrero en toda España.

La Plataforma NAC (No a la Caza) convocó movilizaciones en 44 ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, Zaragoza, Bilbao y Málaga. Las manifestaciones, que se celebran anualmente desde hace 15 años, coincidieron este año con el Día Mundial del Galgo y el final de la temporada de caza, un periodo que los activistas señalan como el momento de mayor abandono de perros de caza.

Más de 550 entidades de protección animal apoyaron las convocatorias, que se extendieron a ciudades de Europa y América. Los manifestantes exigieron el fin de la caza, el cese del uso de perros en esta actividad y la protección efectiva de todos los animales utilizados en prácticas cinegéticas. La Plataforma NAC denunció que decenas de miles de galgos, junto a otros perros como podencos o rastreadores, son abandonados al término de la temporada cinegética, una cifra imposible de cuantificar al no existir datos oficiales.