El fiscal rechaza archivar el mayor caso de corrupción del PSOE de Madrid: 600.000 € desviados y 17 detenidos

La Fiscalía se ha opuesto al sobreseimiento y archivo de la Operación Pantano, el caso de presunta corrupción que ha sacudido al PSOE de Madrid con foco en San Martín de Valdeiglesias. La investigación ha destapado el desvío de más de 600.000 euros en contratos irregulares, subvenciones sin justificar y adjudicaciones a dedo a empresas vinculadas con familiares de cargos socialistas. Un total de 17 personas fueron detenidas en diciembre de 2021, entre ellas la ex alcaldesa Mari Luz Lastras y varios miembros de su equipo de gobierno.

El caso, que comenzó en 2019 tras una denuncia del nuevo Gobierno municipal del Partido Popular, ha revelado un entramado de ilegalidades que la propia alcaldesa socialista conocía y ejecutaba deliberadamente.

Según el informe de la Guardia Civil, Lastras «levantaba por decreto» los informes contrarios de la secretaria-interventora del Ayuntamiento, ignorando las advertencias sobre las irregularidades que se estaban cometiendo.

Fuentes judiciales han confirmado a OKDIARIO que el caso sigue en fase de instrucción a fecha de febrero de 2026. Lejos de archivarse, la causa permanece activa y se ha convertido en el escándalo de corrupción más grave que afecta al PSOE de Madrid que lidera el ministro Óscar López, junto al caso de la hija de una diputada que se beneficiaba de recibís falsos en dinero público gestionado por UGT Madrid.

A finales de noviembre de 2025, cinco de los investigados han solicitado el sobreseimiento de la causa. Se trata de empresarios, de un policía local, entre otros, que habían presentado sendos escritos al juzgado solicitando el archivo de las actuaciones contra ellos.

El juzgado remitió a primeros de enero de 2026 los escritos de estos cinco investigados a la Fiscalía. El Ministerio Público, como ha podido saber OKDIARIO, se opone al sobreseimiento libre y archivo respecto a los cinco que pedían el archivo. Esta oposición mantiene viva la instrucción y demuestra que el Ministerio Público considera que existen indicios suficientes para continuar investigando a estos cinco implicados. El juicio está más cerca que nunca.

Adjudicaciones irregulares

La investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil ha documentado meticulosamente cómo el equipo de gobierno socialista adjudicó contratos municipales a empresas con vínculos familiares directos con miembros de la corporación. La mercantil Proentis ha recibido contratos por valor de 165.000 euros por ejemplo.

Los investigadores concluyeron que «se ha tomado una decisión totalmente arbitraria para la adjudicación de las obras a la mercantil Proentis» y que esta práctica «vulnera lo estipulado por la Ley de Contratos del Sector Público sobre la libre concurrencia».

Uno de los casos más llamativos es el de Transportes, Excavaciones y Contenedores ALS, que cobró 206.257 euros entre 2014 y 2019 «sin haber suscrito un solo contrato con el Ayuntamiento». Esta circunstancia demuestra la magnitud del despilfarro y la falta de control en la gestión municipal durante la legislatura socialista.

El Centro Canino Monte Ida percibió de la Corporación controlada por el PSOE de Madrid 128.286 euros por la recogida de animales «careciendo de cualquier tipo de contrato, además de poseer lazos familiares con miembros de la anterior corporación municipal». La encargada —una de las investigadas que ahora solicita sin éxito el archivo para ella—, es sobrina del concejal de Obras y prima del ex concejal de Festejos.

Malversación de fondos

La Guardia Civil identifica un modus operandi recurrente: «El uso de sociedades vinculadas a familiares que prestan sus servicios en el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, con una falta de igualdad de oportunidades para el resto de mercantiles, principio básico de la contratación pública». Los informes de fiscalización con reparo emitidos por la secretaria-interventora Vanesa Pérez Vidal eran sistemáticamente levantados por decreto de la alcaldesa.

Lastras justificaba estas decisiones arbitrarias alegando que «eran servicios que se habían prestado y no se podía perjudicar al tercero», según recoge el documento policial. Esta excusa se ha convertido en una constante para sortear los controles internos del Ayuntamiento.

Incluso se han documentado presuntas contraprestaciones electorales. La empresa Gráficas Serafín, que logró 112.502 euros sin contrato, regaló vinilos para rotular una furgoneta del PSOE en plena campaña electoral de 2019. «Aunque si bien, cuantitativamente el precio de los vinilos no sea algo significativo, sí lo es el hecho de que los regale una mercantil» que ha facturado esas cantidades sin contrato, señala el informe que desveló OKDIARIO.

La operación, iniciada en diciembre de 2021 con registros simultáneos en el Ayuntamiento, empresas y domicilios particulares, provocó un terremoto político en la Comunidad de Madrid. El PSOE de Madrid respaldó en marzo de 2024 a varios de los investigados durante un acto en San Martín de Valdeiglesias, incluida la propia Mari Luz Lastras. Este respaldo público en pleno escándalo del caso Koldo generó críticas sobre la coherencia del partido en materia de corrupción.

En abril de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid ha determinado que no existen indicios suficientes de delito en algunas de las acusaciones y cerrando esa fase. Sin embargo, la Fiscalía considera que los indicios son suficientes para continuar con la instrucción por los hechos principales.

La cuestión ahora es si la justicia logrará desentrañar tras siete años completamente esta madeja de intereses espurios o si el caso terminará diluyéndose en los vericuetos del sistema judicial. Lo que está claro es que la Fiscalía mantiene su pulso con los investigados y no está dispuesta a claudicar ante las peticiones de archivo, evidenciando que considera probadas las irregularidades documentadas por la Guardia Civil en este municipio de la Sierra Oeste madrileña.