La reina Isabel contra las cuerdas: la revelación que podría acabar con su imagen

Continúan las polémicas para la reina Isabel. Si la monarca no tenía bastante con el príncipe Andrés, los Sussex y la complicada situación que ha generado la pandemia, ahora tiene un nuevo frente abierto. Y esta vez, a diferencia de las anteriores, es directamente responsable de ello. Por increíble que pueda parecer, según una exhaustiva investigación llevada a cabo por el diario “The Guardian”, un abogado de la Reina habría influido para cambiar una ley de 1976 con el objetivo de ocultar acciones e inversiones privadas hasta, al menos, el año 2011.

Tal como confirman los periodistas David Pegg y Rob Evans, la monarca presionó al Ejecutivo para cambiar el proyecto de ley a fin de que no se tuviera conocimiento de su fortuna privada. Lo hizo a través de uno de sus abogados, que ejerció cierta presión en el gabinete de ministros. De esta manera, el Gobierno incluyó una cláusula a la ley que eximía a los jefes de Estado de hacer públicas las empresas en las que invertían a título privado. Un acuerdo que, según ha podido saber el diario, se firmó en la década de los 70 y se utilizó para crear una corporación fantasma con el respaldo del Estado, que ocultó algunas de las inversiones y participaciones privadas de Isabel II hasta el año 2011 por lo menos.

Durante el tiempo que ha durado la investigación, los periodistas han tenido acceso a los Archivos Nacionales donde han encontrado pruebas que confirman que Su Majestad influyó en el año 1973 para cambiar la ley de transparencia que impulsó el ejecutivo de Edward Heath. Fue Matthew Farrer, socio del bufete Farrer&Co, quien actuó en nombre de la monarca. Tal como publica el reportaje, Farrer resaltó la oposición de Isabel II a la cláusula que permitía hacer pública la titularidad de los clientes que acumulaban importantes participaciones en empresas que cotizan en bolsa mediante la compra de acciones a través de empresas pantalla. El letrado solicitó que esta ley no afectara a la Reina porque “cualquier divulgación de la titularidad real de las acciones por parte de la corona, incluso si se limita a los directores de la empresa, es potencialmente embarazosa, debido al riesgo de filtraciones”.

Desde el Ejecutivo se atendió la solicitud de la monarca y se permitió que ciertas empresas no tuvieran que declarar la identidad de sus accionistas. Tal es el caso de Bank of England Nominees Limited, una empresa que cerró hace cuatro años sin presentar nunca cuentas públicas.

Aunque la totalidad de la fortuna de la reina Isabel nunca se ha revelado, sí que se han hecho estimaciones, que apuntan a que podría ascender a cientos de millones de libras. Esta trama ha sido descubierta en el contexto de una investigación llevada a cabo por el diario sobre el uso por parte de la Familia Real de un procedimiento parlamentario que se conoce como ‘consentimiento de la Reina’ con el objetivo de influir secretamente en la formación de las leyes británicas.

“The Guardian” se ha puesto en contacto con el Palacio de Buckingham para contrastar la información y fuentes oficiales han aclarado mediante un comunicado que “el consentimiento de la Reina es un proceso parlamentario formal y que el monarca siempre otorga el consentimiento cuando lo solicita el Gobierno. El Parlamento decide si se requiere el consentimiento de la Reina, independientemente de la Casa Real, en asuntos que afectarían los intereses de la Corona, incluida la propiedad personal y los intereses personales del monarca”. Unas palabras que no dejan claro si realmente la reina Isabel solicitó o no anular la cláusula de transparencia, pero que que sí tenía potestad de hacerlo. La cuestión es saber ahora qué opinan los británicos al respecto y si esto podrá tener consecuencias en la imagen de la Corona que, sin duda, no pasa por su mejor momento.