Mercasa metió en su presupuesto una partida de 10 millones para pagar comisiones ilegales en Angola

Una filial de la empresa pública Mercasa, que depende de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), incluyó en sus presupuestos varias partidas destinadas a pagar comisiones ilegales a altos funcionarios del Gobierno de Angola y al prófugo de la Justicia Guilherme de Augusto de Oliveira Taveira.

Dos abogados del Estado, Arturo Cortés y su mujer María Jesús Prieto, aprobaron el pago de estas comisiones como consejeros delegados de la filial internacional Mercasa Incatema.

En una operación conjunta dirigida por los jueces Eloy Velasco y José de la Mata, la Guardia Civil detuvo el pasado 19 de abril al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a su hermano Pablo González, que en ese momento era director de Operaciones de Mercasa y consejero de Mercasa Incatema.

La investigación judicial ha permitido constatar que el Canal de Isabel II (bajo la presidencia de Ignacio González) y Mercasa Incatema (con su hermano Pablo González como directivo) utilizaron prácticas corruptas parecidas, con el pago de comisiones ilegales para obtener contratos públicos en varios países.

El consorcio Mercasa Incatema (participado al 50% por Mercasa) obtuvo en 2006 un contrato del Gobierno de Angola para construir un mercado central de abastos y un Centro Logístico y de Distribución (CLOD) en la capital del país, Luanda.

Una estafa en la venta de armas a Angola

El proyecto se amplió posteriormente, mediante sucesivos contratos, hasta alcanzar un presupuesto global de 533 millones de dólares. De esta cifra, al menos 20,1 millones de dólares se destinaron al pago de comisiones ilegales, según la investigación que instruye el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.

OKDIARIO ha accedido al presupuesto que Mercasa Incatema elaboró en marzo de 2014 para la construcción de la segunda fase del CLOD de Luanda, por un importe total de 145,5 millones de dólares. De esta cantidad pagada por el Gobierno de Angola, sólo 85 millones se destinaron a la ejecución real de las obras.

El presupuesto incluye una partida de 11,6 millones de (10 millones de euros) en concepto de «asistencia técnica local». Se trata de la comisión del 8% que cobraba por sus gestiones el entonces delegado comercial de Mercasa Incatema en Angola, el portugués Guilherme de Augusto de Oliveira Taveira, que se encuentra huido de la Justicia española.

Taveira está investigado desde 2014 por su participación en un contrato de venta de armas españolas a la Policía de Angola, a través del consorcio Defex, por un importe total de 153 millones de euros. De esta cifra, 41 millones no llegaron a su destino, sino que fueron transferidos a una cuenta en Luxemburgo, presuntamente en concepto de comisión ilegal.

En el caso del mercado de abastos construido por Mercasa en Angola, Taveira se llevaba una comisión del 8% que está declara como «asistencia técnica local» en el propio presupuesto de la obra. El juez De la Mata sospecha que una parte de esta cifra se destinaba a sobornar a altos cargos del Gobierno de Angola.

El presupuesto de la segunda fase del CLOD de Luanda incluye otras partidas de las que también se desviaron fondos públicos. El Gobierno de Angola pagó a Mercasa Incatema 4 millones de dólares para desarrollar actividades formativas. Sin embargo, la empresa pública Mercasa sólo recibió por este concepto 1,5 millones.

Los 2,5 millones restantes se esfumaron. Como consecuencia de ello, nunca se llegaron a impartir las actividades formativas previstas para mayoristas y empresarios que iban a operar en las instalaciones de de Luanda. Sólo se desarrolló el proceso de selección y formación del futuro equipo directivo del Centro Logístico.

En aquel momento, marzo de 2014, el presidente del consorcio Mercasa Incatema era Miguel Ramírez, quien se encuentra imputado por esta causa. Con anterioridad, Ramírez fue presidente del grupo matriz Mercasa durante las dos legislaturas de Aznar, desde 1996 a 2004.

Dos abogados del Estado implicados

Cada contrato firmado entre el Gobierno de Angola y Mercasa Incatema para ejecutar el proyecto iba acompañado de una adenda que estipulaba las comisiones que cobraría su agente comercial Taveira, a través de tres sociedades de las que era propietario a través de personas interpuestas: Sonadi, Metab y Soter. Hasta alcanzar la cifra de más de 20 millones de dólares que se embolsó el intermediario portugués, según la investigación del juez De la Mata.

En representación de Mercasa Incatema, estas adendas fueron firmadas por sus consejeros delegados Javier Pardo de Santayana, el abogado del Estado Arturo Cortés y su esposa María Jesús Prieto (que también es abogada del Estado). Los tres están imputados por esta causa.

Tanto Arturo Cortés como María Jesús Prieto se incorporaron al organigrama de Mercasa como altos directivos durante el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de la mano del entonces presidente de la empresa pública, el socialista Javier de Paz.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, en 2014 la cúpula directiva de Mercasa (presidida entonces por Eduardo Ameijide, también imputado) tuvo conocimiento de que la Justicia investigaba al intermediario portugués Taveira por el desfalco de 41 millones de euros en la venta de armas de Defex a Angola. Y pese a ello, Mercasa Incatema siguió abonándole hasta diciembre de 2016 las comisiones estipuladas por la construcción del mercado de abastos de Luanda.