Jordi Pujol Ferrusola, acorralado

La Audiencia Nacional ha logrado poner contra las cuerdas a Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del clan Pujol.

Las pruebas y testimonios recogidos por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, acreditan que los 8,5 millones de euros cobrados por el hijo mayor del ex president de la Generalitat son en realidad comisiones abonadas por empresarios a cambio de contratos adjudicados por las Administraciones gobernadas por CiU.

De este modo, el magistrado ha logrado reunir pruebas suficientes para proceder formalmente contra Jordi Pujol Ferrusola por el cobro de comisiones ilegales y por blanqueo de capitales.

La Justicia ya ha recibido la respuesta a la comisión rogatoria enviada a Andorra, según la cual la mayor parte del dinero de la familia Pujol depositado en el Principado ya habría sido trasladado a otros países.

La Fiscalía Anticorrupción señalaba en su último informe que los negocios desarrollados por Pujol Ferrusola durante los  últimos años estaban encaminados a “blanquear” los ingresos obtenidos por el clan, procedentes del pago de comisiones.

Inversiones desde paraísos fiscales

Siempre según la investigación instruida por el juez De la Mata, Pujol Ferrusola y su esposa, Merçè Gironés -imputados por los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales- cobraron las presuntas comisiones a través de varias sociedades controladas por el matrimonio.

Un informe remitido en marzo de 2013 por la Agencia Tributaria al juez indicaba que, en ocho años (entre 2004 y 2012), las sociedades controladas por Jordi Pujol Ferrusola habían movido 32,4 millones de euros.

Este trasiego de dinero se produjo a través de países como Andorra, Luxemburgo, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, las Islas Caimán, el Reino Unido, Liechtenstein y Gabón.

Ya el pasado mes de noviembre, tres constructores reconocieron ante el juez haber pagado a Pujol Ferrusola 3,5 millones de euros por supuestas labores de asesoría.

El presidente de Isolux-Corsán, Luis Delso, admitió haber pagado a sociedades controladas por Jordi Pujol jr. y su esposa 1,2 millones de euros, por distintas operaciones de “mediación” en México, Gabón y en un proyecto de urbanización en la California mexicana denominado Azul de Costas.

Un complejo turístico en la Baja California

En otra operación investigada por el juez José de la Mata, Jordi Pujol Ferrusola obtuvo un beneficio de 12 millones de euros al vender su participación en el proyecto de desarrollo de un gran complejo turístico denominado Azul de Cortés y promovido por el grupo Isolux Corsán en la Baja Carolina Sur de México.

Por su parte, un alto cargo del grupo Life Mataró declaró que Pujol Ferrusola cobró 1,5 millones por “buscar inversores” para la construcción de unos apartamentos en la plaza Europa de Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Según el testimonio, el hijo mayor del ex president también participó en las gestiones para construir los apartamentos de lujo Las Boas en Ibiza, aunque se retiró del proyecto después de que la Justicia abriera la investigación sobre sus negocios.

Por último, el responsable del grupo GBI Serveis, Gustavo Buesa, reconoció ante el juez haber pagado 243.360 euros a Pujol Ferrusola, por supuestas labores de asesoramiento para montar un negocio de residuos en México.

El primogénito de los Pujol habría cobrado otros 3,5 millones de euros de la constructora Copisa entre 2005 y 2009. También prestó sus supuestos servicios de asesoramiento a uno de los gigantes de la construcción, FCC, que le pagó 710.000 euros en una cuenta del Bank of Ireland a nombre de una sociedad tapadera, Brantridge, controlada por Herbet Rainford Towning, al que los investigadores consideran un testaferro de Jordi Pujol jr.

Negocios con un vicepresidente del Barça

En todos estos casos, la Fiscalía Anticorrupción considera que los supuestos servicios de “asesoramiento” prestados por Pujol Ferrusola constituyen tan solo una tapadera: los constructores imputados le habrían pagado en realidad comisiones a cambio de conseguir contratos públicos de las Administraciones gobernadas por CiU.

Más recientemente, el pasado mes de septiembre, el ex vicepresidente del Barça Jaume Ferrer Graupera declaró ante la Audiencia Nacional que pagó 435.000 euros a Pujol Ferrusola, supuestamente como “comisión” por ayudarle a captar clientes para su grupo de empresas.

Entre los constructores imputados en esta causa se encuentran también Carlos Sumarroca Claverol y Carlos Sumarroca Coixet, responsables del imperio Comsa Emte que pagó 132.800 euros al primogénito de los Pujol, teóricamente para buscarle inversores en México.

Pero no solo Jordi Pujol junior cobró comisiones de los constructores. Su ex suegro, Ramón Gironés Pagés, declaró en noviembre de 2014 ante el juez que cobró 300.000 euros a una promotora por su mediación en la venta de unos terrenos en Hospitalet.