El Gobierno se salta la ley para ocultar que su bienestar animal costará más de 35 millones de euros

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha saltado la ley para ocultar a los españoles el multimillonario coste que conllevará la nueva normativa de bienestar animal que acaba de promulgar, pero cuya entrada en vigor ha retrasado seis meses para que su impacto no se note en autonomías y ayuntamientos antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Entre otras muchas obligaciones impone que todos los ayuntamientos de España han de contar, como mínimo, con puntos de acogida temporal de perros y gatos, dotados de servicios básicos que permitan su cuidado bajo los nuevos estándares de bienestar animal que marca esta nueva ley. Sólo en eso se irán unos 35 millones de euros, según técnicos consultados por OKDIARIO.

Estos expertos han coincidido en que, por más o menos modestos que sean esos recintos de acogida temporal, el coste medio de construcción sería de unos 5.000 euros. Dado que son más de 7.000 los ayuntamientos españoles de todo tamaño que no tienen centros municipales de acogida de animales, sólo en construir esas instalaciones básicas se irán más de 35 millones de euros. Y eso, como mínimo, porque parte de esos más de 7.000 consistorios pueden optar por crear centros de protección animal, mayor dimensión y mayor coste tanto de construcción como de mantenimiento. Además, esto es sólo una parte de los gastos extras que originará esa ley del PSOE y Unidas Podemos, que incluye más imposiciones que engordarán el gasto público.

Formulario vacío

La legislación obliga al Ejecutivo a tramitar los proyectos de ley con una memoria de análisis del impacto normativo. Es decir, qué consecuencias económicas y sociales tendrá cada nueva ley, lo que incluye una estimación de costes administrativos directos para los ciudadanos y de gasto público, si los hubiera.

En el caso de la ley de bienestar animal, cuya redacción ha pilotado el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra (Unidas Podemos), se reconoce lo obvio: que la cantidad de nuevas obligaciones que ese texto impone a particulares, entidades privadas y administraciones públicas, provocará un aumento del gasto público y más cargas administrativas. Pero sólo cuantifica estas últimas, que además repercutirán en los ciudadanos y colectivos directamente afectados por las obligaciones burocráticas que se instauran. Esa sobrecarga administrativa, según el Gobierno, tendrá un coste de 1.100.000 euros al año.

Sin embargo, la memoria de impacto normativo con la que se tramitó la ley de bienestar animal nada dice de a cuánto ascenderá el gasto público extra, tanto en la Administración central como en las comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos, ya que todos resultan afectados de una u otra forma por las nuevas imposiciones de la ley animalista de Belarra.

Según la documentación obtenida por OKDIARIO, el preceptivo formulario de esa memoria incluye una casilla reservada a cuantificar ese gasto extra. Pero aparece vacía.

Miles de obras obligatorias

El Gobierno no se ha molestado en calcular el sobrecoste que acabará repercutiendo en todos los ciudadanos por la vía de los Presupuestos públicos, o –si lo ha hecho– ha preferido no desvelar la cifra. En cualquier caso, serán decenas de millones de euros cada año, según las estimaciones recabadas por OKDIARIO de varios conocedores de la materia.

Según un estudio de 2022 de la Fundación Affinity, en España sólo hay actualmente 247 centros municipales de protección animal. Pero en España hay más de 8.000 municipios, y la nueva ley obliga a todos ellos a disponer de un servicio 24 horas de recogida urgente de animales abandonados, pensado fundamentalmente para perros y gatos, pero no sólo. Además, todos ellos deberán tener un centro público de protección animal en el que cuidar de los que sean recogidos en su localidad.

Caras imposiciones

Construir un pequeño centro municipal de protección de animales como el que tiene una localidad mediana como Calatayud (Zaragoza) rondó los 100.000 euros hace años. Y mantener anualmente un centro de ese tipo en una capital de provincia de discreta población como Badajoz sale por unos 105.000 euros anuales.

La inmensa mayoría de los municipios españoles son de pequeño o muy pequeño tamaño, por lo que sus recursos son limitados y esta nueva carga va a suponerles un serio problema económico. Como alternativa, la ley que ha promulgado el Gobierno da la opción a los ayuntamientos con menos recursos a recurrir a servicios mancomunados, o a los que puedan ofrecerles sus respectivas diputaciones provinciales o Gobiernos regionales. En cualquier caso, sea quien sea el que acabe asumiendo el servicio, el sobrecoste es evidente porque multiplica la capacidad operativa y las instalaciones con las que tienen que contar.

Servicio 24 horas y urgente

Por ejemplo, diputaciones provinciales como la de Zaragoza disponen de un servicio de recogida de animales abandonados en todos los municipios de su demarcación. Lo tiene externalizado con una empresa. Pero la nueva obligación de que ese servicio esté operativo las 24 horas del día para responder de forma urgente a cualquier petición recibida desde cualquier rincón de la provincia hará que fácilmente se triplique su coste actual.

En cualquier caso, de lo que no se librará ninguno de los 8.131 ayuntamientos españoles será de disponer, como mínimo, de unas instalaciones de acogida y cuidado temporal de animales abandonados. Es decir, tendrá que construir y mantener permanentemente un recinto construido al efecto y que cumpla con los requisitos de bienestar que fija esta ley. Allí estarán los animales hasta que sean trasladados a los albergues de mayor tamaño, en el caso de que esos ayuntamientos tengan pactado el servicio con mancomunidades, diputaciones o administraciones autonómicas.

El PP: «Es disparatado»

Desde el PP han calificado de «disparatado» este requisito que impone la ley de bienestar animal, que «va a provocar unos gastos a los municipios, especialmente a los pequeños y medianos, que van a traer más tensiones de tesorería y, además, lo hacen sin aclarar cómo se va a financiar la obligación de controlar las colonias de felinos o la construcción y gestión de los centros de protección animal». Así lo ha destacado el alcalde de Zaragoza y portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Jorge Azcón, que en mayo competirá en las urnas por la Presidencia del Gobierno de Aragón.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, en la documentación que acompañó a esta ley, se comprometió a lanzar subvenciones para aliviar las cargas de gasto público que caerán a espaldas de ayuntamientos y provincias. Pero tampoco ha aclarado ni cuándo las convocará ni por qué cuantía, lo que deja a las entidades locales al albur en una inseguridad total. «No nos fiamos de un Gobierno que nos lleva maltratando toda la legislatura y no nos fiamos de un Ejecutivo que nos promete mucho, pero no cumple nunca», subraya Azcón.