El fiscal investiga al alcalde de Fuenterrabía por pagar 110.000€ para evitar ser procesado por una muerte

La Fiscalía de San Sebastián ha abierto diligencias de investigación contra el alcalde de Fuenterrabía, Txomin Sagarzazu (PNV), por pagar 110.000 euros públicos para evitar ser procesado por la muerte de un voluntario, ocurrida en julio de 2017.

La fiscal jefe Belén Martínez ha tomado la decisión tras analizar la denuncia que el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Fuenterrabía (Guipúzcoa), José Miguel Ochoteco, presentó el pasado mes de noviembre por estos hechos.

El decreto firmado por la fiscal jefe especifica que el alcalde del PNV podría haber incurrido en un delito de malversación, que implica penas de hasta ocho años de cárcel cuando la cantidad desviada de las arcas públicas supera los 50.000 euros.

Tras la apertura de Diligencias, el Ministerio Público ha reclamado al Juzgado de Instrucción número 2 de Irún que le remita la causa abierta a raíz de la muerte del ingeniero naval jubilado Enrique Lekuona Muñoz, quien falleció el 12 de julio de 2017 cuando participaba como voluntario en las labores de restauración de la barco pesquero Mariñel.

Delitos de encubrimiento y prevaricación

Se trata de un buque bonitero de 21,3 metros de eslora, con casco de madera, que el Ayuntamiento de Fuenterrabía (Hondarribia en su denominación oficial en euskera) compró en 2012 para restaurarlo y exponerlo al público, como último exponente de la flota artesanal del municipio.

La Fundación Arma Plaza, participada por el Ayuntamiento y presidida por el alcalde Txomin Sagarzazu, puso en marcha las labores de restauración en las que tomaron parte seis voluntarios del Colectivo Sustraia (que carece de personalidad jurídica porque nunca llegó a registrarse como asociación).

Sin embargo, la muerte del voluntario Enrique Lekuona Muñoz puso en evidencia las carencias legales del proyecto. Tres ediles de la oposición presentaron una denuncia ante la Fiscalía contra el alcalde y los concejales del PNV por los presuntos delitos de encubrimiento, prevaricación y omisión de perseguir delitos.

Según la denuncia, la Policía Local no había remitido al Juzgado el atestado del fallecimiento, alegando que no se debía a una negligencia ni a un accidente laboral: el fallecido era un voluntario, y por tanto no tenía una relación laboral con el Ayuntamiento ni con la Fundación.

El PP pide que lo paguen de su bolsillo

La familia del voluntario fallecido se personó en la causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Irún y anunció su voluntad de exigir responsabilidades civiles y penales contra los concejales del PNV que dirigen la Fundación.

Para evitar ser procesado como responsable de la muerte del voluntario, el alcalde decidió abrir una negociación y se comprometió a indemnizar a la familia del fallecido con 200.000 euros: de esta cantidad, 90.000 euros serán abonados por la compañía aseguradora y los 110.000 restantes por la Fundación Arma Plaza. Esta cantidad, que ya ha sido abonada por la Fundación, se pactó a cambio de que la viuda renuncie a las acciones civiles y penales que había iniciado en el Juzgado, por la muerte de su marido.

En su denuncia dirigida a la Fiscalía, el concejal del PP José Miguel Ochoteco advierte que el dinero público (la Fundación Armas Plaza obtiene más del 80% de sus ingresos del Ayuntamiento) no se puede destinar a cubrir la posible responsabilidad del alcalde por un accidente mortal. Así lo ha entendido también la Fiscalía al abrir diligencias de investigación contra el alcalde del PNV Txomin Sagarzazu.

El concejal del PP argumenta que, en todo caso, el alcalde y el resto de ediles del PNV que dirigen el patronato de la Fundación deben pagar de su bolsillo la indemnización, para cubrir su responsabilidad en la muerte del voluntario, en lugar de hacerlo con dinero público.

La interventora advierte del pago ilegal

El alcalde Txomin Sagarzazu llevó al Pleno municipal del pasado 25 de octubre una propuesta para transferir 110.000 euros públicos del Ayuntamiento a Arma Plaza, en forma de subvención, para atender el pago pactado con la familia del voluntario fallecido.

Sin embargo, la interventora del Ayuntamiento paralizó esta transferencia con el mismo argumento legal que sostiene el PP en su denuncia: una subvención del Ayuntamiento a su fundación no puede destinarse a cubrir la responsabilidad de los cargos municipales por una muerte en accidente. Ante este contratiempo, el regidor del PNV ha determinado ahora que el Ayuntamiento inyecte más de 300.000 euros públicos a su fundación en los presupuestos de 2019.