Su ex jefe acusa a Martín Blas de informes falsos, destrucción de pruebas y conducta delictiva

• Manuel Cerdán @manuelcerdan
• Investigación en Okdiario. Autor de Lobo, Paesa, y Matar a Carrero: la Conspiración. Periodismo libre, con rigor y transparencia.
• • 27/02/2018 03:36
  • Actualizado: 27/02/2018 23:27

El ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos, el comisario Martín Blas, se reunió con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a espaldas de sus superiores para tratar en privado las investigaciones sobre el Pequeño Nicolás, incorporó en las diligencias previas del caso Nicolay un informe falso a sabiendas de que lo era, destruyó pruebas, demostró una conducta delictiva y mantuvo desde su inicio un interés directo en la causa, según se recoge en la denuncia que el ex director de Apoyo Operativo (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), el comisario Eugenio Pino, presentó contra él ante el juez Arturo Zamarriego.

Como ya adelantó ayer OKDIARIO, el número dos del CNP denunció en 2016 a su ex subordinado Martín Blas y al ayudante de éste, Eladio Rubén López, por filtrar información confidencial del caso Nicolay a una reportera del diario Público. El comisario y su ayudante eran en aquellas fechas los responsables de la comisión judicial que realizaba las investigaciones sobre Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás.

Según Pino, Martín Blas y la reportera del diario de Jaume Roures, que “estaba publicándolo todo”, se habían reunido en la oficina de Asuntos Internos de la Policía “siete o más veces”, como quedaba acreditado en el registro de visitas de ese departamento.

El escrito de denuncia, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, con una extensión de ocho folios, era una ampliación de las declaraciones de Pino meses atrás ante el titular de la misma instancia judicial.

Reuniones sin autorizar con el CNI

El comisario Pino denunciaba a Martín Blas ante el juez por una serie de irregularidades y falsedades. Para él, el responsable de Asuntos Internos: “No estaba autorizado para hablar con el CNI para este caso. Lo estaba para otros asuntos que no tienen relación con la causa, pero no para este caso”.

Uno de esos encuentros, que el jefe policial calificaba de “reunión ilegal”, fue grabado por alguno de los asistentes –tres policías y dos agentes del CNI– y más tarde reproducido en los medios de comunicación. Hasta la fecha no se ha podido determinar las identidades de las personas que grabaron y filtraron la conversación.

Lo que sí tenía muy claro el número dos de la Policía era que se había producido “una conducta delictiva” por parte de Martín Blas cuando manifestó al magistrado que: “El objeto de las reuniones era dar cuenta de los resultados de una investigación judicial a estas personas del CNI que no tienen ninguna condición procesal en la causa”.

El comisario insistía en la irregularidad del procedimiento consentido por su subordinado  policial: “Si el CNI quería tener datos de la documentación de la que disponía el sujeto detenido o si querían aportar documentación, las reuniones se habrían producido en el Juzgado”.

El ex DAO desvelaba así mismo que había sido el propio Martín Blas quien le había informado “de que iba a venir” una investigación sobre el Pequeño Nicolás y que quería que el caso “se le asignara a él con carácter previo a la recepción de sendos escritos de Presidencia del Gobierno”.

Eugenio Pino, sobre la grabación de la reunión ilegal, manifestaba que “la acusación de la intervención del teléfono del comisario Marcelino es sencillamente falsa…. Hay dos informes de la Policía Científica que dicen que el resultado de la búsqueda de algún tipo de aplicación o archivo malicioso es negativo”.

Destrucción de pruebas del móvil

Martín Blas, según la denuncia, encargó diferentes estudios a la Policía Científica porque los resultados iniciales “no les valía para los oscuros propósitos que buscan con esta investigación”, pero ninguna de las conclusiones le dio la razón, ya que nunca se encontraron “aplicaciones dañinas” en su móvil.

Incluso, en el informe elaborado por el Centro Criptológico Nacional se concluía que las aplicaciones de la empresa Indra instaladas en el teléfono de Martín Blas no se habían activado desde 2013. La reunión ilegal en sus oficinas con los agentes del CNI se había celebrado el 23 de diciembre de 2014.

No obstante, el ex DAO señalaba al juez: “Resulta realmente sorprendente que una prueba de cargo como es el teléfono móvil (el de Martín Blas), sobre el que existen sospechas de que contiene un software espía que pudiera estar siendo utilizado para monitorizar su teléfono desde el 17 de diciembre de 2014, se siga utilizando (por el propio Martín Blas) en vez de quedar custodiado en el Juzgado como es preceptivo”.

Eugenio Pino, que fue el jefe corporativo de la Policía durante la etapa del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, recordaba al juez Zamarriego: “Este hecho objetivo y cierto (la reunión sin permiso de Martín Blas con agentes del CNI, que fue grabada por uno de los asistentes y más tarde difundida en la Prensa) del que usted ha tenido conocimiento después de mi declaración (6 de noviembre de 2015) debería haberle llevado a tomar en consideración el apartar a estos investigadores (Martín Blas y Rubén Eladio) de la realización de más diligencias pues, racionalmente, podemos pensar que tienen un interés directo en la causa y fundamentalmente en desviar la atención de la celebración de una reunión ilegal”.

Sobre este mismo asunto incidía en las irregularidades durante la investigación policial: “Por el camino se han destruido pruebas vitales para la resolución del caso”. El comisario se refería a “la recuperación de archivos borrados o eliminados, incluido el historial de navegación”.

Echó a Martín Blas por falsificar una prueba

Pino destacaba que todas esas anomalías eran «una demostración más de la parcialidad de la actuación de la comisión judicial», dirigida por Martín Blas y su ayudante Rubén Eladio. La titular del Juzgado de Instrucción número 2, que sustituyó a Zamarriego al frente del caso Nicolay, la disolvió tras ocupar su cargo y, más tarde, imputó al inspector Rubén Eladio de un delito de retardo en la administración de Justicia.

El alto cargo policial explicaba en su denuncia el motivo por el que cesó a Martín Blas al frente de la UAI: “Personalmente le dije que proponía su cese por enviar un informe a su Juzgado que identificaba al comisario Villarejo en el parque del Canal falsamente, a sabiendas”.

El entonces responsable de Asuntos Internos, en su guerra personal con Villarejo, señaló a éste como el interlocutor del Pequeño Nicolás en un supuesto encuentro que habían mantenido en las instalaciones del Canal en Vallehermoso, algo que era totalmente falso, como destacaba Pino.

“Le dije que no era Villarejo en razones antropométricas porque el comisario tiene un problema de espalda y anda encorvado y el señor del vídeo tiene un problema de cadera… A él le dio igual y remitió un informe falso a sabiendas a su Autoridad, de lo que yo me enteré por la Prensa», le informaba al magistrado.

Y una vez más el ex DAO involucraba a la periodista Patricia Ariadna López Lucio del diario podemita de Ciudadano R., como ya se conoce a Jaume Roures, en lo que había calificado en su demanda judicial de “oscuros propósitos” y “por la estrecha relación que mantuvieron los investigadores con la misma”.

Para Pino, “el hecho de que enviara (Martín Blas) un informe falso a sabiendas a su Autoridad constituye, en palabras suyas, un exceso que debe dar lugar a responsabilidades fundamentalmente tras leer la declaración de la periodista Patricia que dice, en otras cosas de interés, que conocía antes que nadie la grabación».