La demanda señala que Juan Carlos I quiso casarse con Corinna pero ella rompió porque le era infiel

• Manuel Cerdán @manuelcerdan
• Investigación en Okdiario. Autor de Lobo, Paesa, y Matar a Carrero: la Conspiración. Periodismo libre, con rigor y transparencia.
• • 06/12/2021 06:49
  • Actualizado: 06/12/2021 17:20

La demanda que hoy y mañana se dirime en la Corte Suprema de Londres mantiene que, tras establecer una relación sentimental en 2004, Juan Carlos I le pidió a Corinna Sayn-Wittgenstein en dos ocasiones, en 2009 y 2014, que se casara con él, pero la princesa alemana decidió romper las relaciones tras enterarse de que el entonces Jefe del Estado «mantenía una relación con otra mujer» y le había sido infiel en múltiples ocasiones.

Según Corinna, tras esa ruptura y desde el 2012, tras el accidente de Botsuana, comenzaron el acoso, los seguimientos y las amenazas contra ella y su familia: «El demandado utilizó a sus agentes y los del Estado español y sus mercenarios para intimidarla a ella y sus hijos; influyó en sus ex maridos, su hija, su hijo y muchos de sus amigos alegando que la demandante le había robado y no era de fiar y desleal con la intención de hacer que interrumpieran las relaciones con ella; hizo declaraciones difamatorias a muchos de sus clientes y socios comerciales; suministró, o hizo que se suministrara, a los medios de comunicación para la publicación de información falsa en el sentido de que era deshonesta, había robado dinero, había abierto cuentas falsas con el fin de recibir comisiones y era una amenaza para la seguridad nacional de España; y estaba intentando chantajear a la Familia Real».

La demanda también destaca que Juan Carlos I colocó a Corinna y sus asesores bajo vigilancia en Londres y en otros lugares, «invadió su propiedad en Shropshire e interceptó/monitoreó ilegalmente sus cuentas móviles e Internet y las cuentas móviles e Internet de sus asesores”.

Corinna manifiesta que toda esa presión se debía a que a Juan Carlos I le preocupaba que «ella pudiera revelar información sobre los negocios y asuntos privados del demandado a los medios de comunicación». Para impedirlo, le hicieron saber que si no mantenía silencio «se enfrentaría a consecuencias dañinas y hostiles».

Amenazas

La ex compañera sentimental dedica un apartado especial de la demanda al ex director del CNI Félix Sanz Roldán. Según Corinna, el general le reconoció que había sido el responsable de desvelar a la prensa su identidad y lo sucedido en la cacería de Botsuana. También, una vez más, vuelve a ratificarse en que fue amenazada por él en su visita a Londres en mayo de 2012 y que fue el coordinador de la operación de Mónaco por orden de Juan Carlos I.

Tras la reunión con Sanz Roldán en el hotel Connaught, Corinna viajó a Suiza, a su apartamento de Villars, donde se encontró que le habían revuelto los papeles que allí guardaba. Además, se encontró con un desagradable aviso: «Me había dejado un libro sobre la muerte de la Princesa Diana en una mesa de café, que nunca había estado allí ni me pertenecía. Se titulaba: Princesa Diana: la evidencia oculta, cómo el MI6 y la CIA estuvieron involucradas en la muerte de la Princesa Diana. Esa noche recibí una llamada telefónica de una persona desconocida que me dijo, en español, que ‘hay muchos túneles entre Mónaco y Niza’. El libro y la llamada estaban obviamente relacionados».

Un Rolex Daytona para el chófer

Corinna tampoco olvida en su escrito la donación que le hizo el Rey emérito de 65 millones de euros: «El 30 de mayo de 2012, Juan Carlos encargó a Dante Canonica, abogado suizo y administrador de la Fundación Lucum, que redactara los documentos necesarios para efectuar la donación en vida irrevocable. El 12 y 21 de mayo se transfirieron los 65 millones de Lucum a una cuenta de la que la demandante (Corinna) era el beneficiario final».

La demanda también recoge los intentos de soborno que tuvieron que soportar el chófer y la asistente personal de Corinna. El primero recibió de Juan Carlos I el regalo de un reloj Rolex Daytona, con la inscripción de Su Majestad.

Ante la presión y el acoso sufrido en Londres, los asesores de Corinna presentaron una queja ante el Servicio de Seguridad Británico y ante el Servicio de Inteligencia Británico. En octubre de 2018, presentaron un informe adicional ante el Servicio de Seguridad para que los agentes del CNI en la Embajada de España en Londres cesaran de actuar contra la ex compañera sentimental de Juan Carlos. El asesor de Corinna, James Watt, mantuvo una reunión con el embajador de España en Londres.

Según el escrito judicial, el acoso sufrido por Corinna «ha socavado y sigue socavando su sentido de bienestar, sufre falta de sueño y tiene pesadillas frecuentes derivadas de la amenaza a su seguridad personal».

Daño económico

Su estilo de vida se ha visto drásticamente afectado: «Rara vez la invitan a eventos sociales y casi nunca sale. Cuando sale, casi siempre viaja en automóvil, y antes de salir de su casa, primero verifica con la seguridad de Grosvenor Estate y su conductor que es seguro hacerlo. Cuando asiste a eventos sociales, no puede disfrutarlos por completo debido a su preocupación de que la gente hable de ella a sus espaldas».

Por todo ello, según la denuncia, «la demandante ha sufrido un daño económico por los costos de obtener tratamiento médico con respecto a los efectos en la salud mental, de instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección personal, de salvaguarda y protección de sus residencias del demandante, de contratar a ex diplomáticos y ex funcionarios del Gobierno para que intervengan a fin de poner fin al acoso, de los funcionarios de relaciones públicas y comunicaciones para mitigar el daño causado a la reputación en los medios de comunicación, entre otros».

Por todo ello, la ex compañera sentimental del emérito reclama al tribunal británico una serie de medidas cautelares: una orden judicial que restrinja a Juan Carlos, a sus sirvientes o agentes a comunicarse con ella, ya sea por teléfono, correo electrónico, mensaje de texto o WhatsApp o por cualquier otro medio, hacer comentarios difamatorios sobre ella, publicar material falso o difamatorio o proporcionar tal material para los medios de comunicación, observar, rastrear o monitorizarla y acercarse a menos de 150 metros de las residencias de su propiedad.