Comisión Europea

Bruselas confirma que lleva a España a la Justicia porque Carmena y Colau no bajaron la polución

Bulgaría también tendrá que afrontar un expediente sancionador

El Gobierno certifica en un informe a la UE que con Carmena no se redujo la contaminación

La Comisión Europea ha decidido este jueves llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por los altos niveles de contaminación en Madrid, Barcelona y Baix Llobregat.

Desde Bruselas han comprobado que en los últimos meses la medidas tomadas por Manuela Carmena y Ada Colau no han servido para paliar la polución y por ello han retomado el expediente sancionador.

El comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, ha indicado en rueda de prensa que "los datos más recientes sobre la calidad del aire ofrecidos por España confirman el incumplimiento sistemático de las normas europeas sobre los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), reglas que son legalmente vinculantes desde 2010″.

9.000 muertes

Se trata de una normativa, según recuerda la Comisión en una nota de prensa, "jurídicamente vinculantes desde 2010". Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en España son atribuibles al NO2 casi 9.000 muertes prematuras anuales. Además, indican que la contaminación atmosférica sigue siendo "el problema principal de salud ambiental en la UE, ya que, según las estimaciones, anualmente unas 400 000 muertes prematuras son atribuibles a la contaminación atmosférica".

Defienden que la contaminación atmosférica provoca enfermedades graves como asma, problemas cardiovasculares y cáncer de pulmón. Según diversos estudios, la mala calidad del aire provoca unos costes económicos directos superiores a 20 000 millones EUR anuales.

Por su parte, el nuevo Ayuntamiento de Madrid con José Luis Martínez-Almeida ha avanzado que ya están trabajando en un nuevo plan que sí sea efectivo en mejorar la calidad del aire.

Junto a España, Bulgaria también tendrá que responder ante el alto tribunal europeo sobre esta cuestión. En este caso por no respetar los valores límite de dióxido de azufre (SO2).

Este proceso judicial se puede alargar durante varios años y no hay precedentes para estimar cuántos millones de euros puede suponer esta sanción a España.

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