Vinculan al número 1 del PP balear al Congreso con un jefe de la mafia policial de Palma

El candidato del PP al Congreso por Baleares y exalcalde, Mateu Isern, ordenó que su grupo de escoltas estuviera dirigido por uno de los cabecillas de la mafia policial de Palma, el comisario Rafael Estarellas. Okdiario tiene el auto que recoge las últimas declaraciones del exjefe de la Policía Local de Palma, Antonio Vera Martínez. Éste declaró al Juzgado de Instrucción número 12 de Palma que el exalcalde popular “a poco de tomar posesión” le ordenó colocar al imputado como máximo responsable de su seguridad, jefe del Servicio de Protección de Autoridades (Serpa). Hasta el momento ese puesto estaba ocupado por el propio Vera Martínez junto al regidor del área delegada de seguridad ciudadana, Guillermo Navarro.

El exjefe de la Policía Local de Palma ha declarado este martes en el juzgado que para saber si la orden de Isern, colocar a dedo al cabecilla de la trama, se “ajustaba a la legalidad” utilizó dos filtros: el del jefe de personal, Juan García Lliteras, también imputado en la trama y su propio sentido común. Dos filtros que han desatado risas en el juzgado tras asegurar el policía que “en caso de duda consultaba” a su “sentido común” y en tercer lugar al servicio jurídico del Ayuntamiento. “Se establecían unas directrices para que las mismas fueran ocupadas por los funcionarios más idóneos”, señaló Vera para defender que, salvo la de Isern, no recibió más órdenes políticas.

El exjefe de Policía insistió en que no se hizo «nada extraño” y subrayó que su intención era acabar con la forma en que hasta entonces se adjudicaban las plazas, y que se llevaba a cabo a criterio de la Jefatura. «Quería que los agentes pudieran tener seguridad jurídica y que hubiera más transparencia», dijo.

La trama de extorsión urdida en el seno de la Policía Local y que también afecta a empresarios y políticos se centra también en las irregularidades que se habrían cometido con motivo de las oposiciones a oficial llevadas a cabo en 2012 y que están siendo investigadas por Anticorrupción. Unos hechos por los que Vera dimitió de su cargo en septiembre de 2013 por supuesto amaño.

Testigos señalaron a Vera como urdidor del amaño en los exámenes con la finalidad de ascender en el escalafón policial a determinados agentes de policía corruptos y asignarles determinados puestos clave para perpetuar la trama delictiva que se investiga.

El exjefe de la Policía negó haber mantenido una reunión con los policías antes de que se presentaran a las oposiciones para ascender y ha explicado que sí se reunió con los 14 que aprobaron para intentar acordar la asignación de puestos en función de las vacantes que había.

También se ha tenido que defender de uno de los correos incautados donde una funcionaria escribió: “Socorro. Estamos muertos, de aquí a los juzgados”. Vera explicó que se refería «a la avalancha de recursos contenciosos» a la que se podían enfrentar porque se tuvo que corregir una de las asignaciones para la que se requería una especial formación. “Es una expresión que he oído decir en muchas ocasiones”, respondió el exjefe de Policía.

La investigación, bajo secreto de sumario por amenazas

En total suman ya más de 30 policías imputados y seis de ellos están en prisión. Además de tratar estos hechos, el juez sigue investigando sobornos a políticos y policías con prostitutas y bebidas a cambio de hacer la vista gorda con los prostíbulos “precisamente en zonas o materias en las que intervenían por razón de su cargo”.

Los empresarios de locales de alterne investigados gozaban de privilegios como el “no sometimiento a inspecciones”. Incluso eran avisados previamente de su realización. Gracias a la declaración de más de una veintena de testigos protegidos se han descubierto más nombres de policías que aún no estaban siendo investigados y que a partir de ahora se incluyen en las pesquisas sumariales.

Los policías imputados han seguido llevando armas y amenazando a las víctimas, hasta tal punto que han tenido que denunciar los hechos de nuevo y pedir al juez que decrete el caso secreto de sumario. Además piden que sólo se informe a las partes cuando haya asuntos graves de los que tratar porque “están aterrorizados”.