Víctimas de ETA ven una «amnistía encubierta» en la desidia de Sánchez para extraditar a Josu Ternera

Una «amnistía encubierta». Así entienden víctimas de ETA la desidia del Gobierno de Pedro Sánchez ante el proceso para extraditar al que fuera número 1 de ETA Josu Ternera para ser juzgado en España. Entre las causas que se le reclaman está la del atentado de 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. En él murieron 11 personas, cinco de ellas niñas menores de siete años. Un proceso que se eternizará mientras Moncloa siga sin nombrar al juez de enlace en Francia, puesto vacante desde hace más de un año.

Las víctimas de ETA con las que ha podido consultar OKDIARIO al respecto sospechan que los movimientos del Gobierno para entorpecer la entrega de Ternera a España tienen una clara motivación política.

Parece claro que el momento político empuja a ello, en plena alianza política con un EH Bildu al que se le regalan alcaldías y que reclama una «solución» para los presos de ETA. Una «solución» que pasa, directamente, por abrirles las celadas. En ese escenario, aumentar la cuenta de presos con Ternera o Mikel Garikoitz Aspiazu Txeroki -otro de los cabecillas etarras reclamados- no ayudaría a encauzar esa alianza política, de gran ayuda para los intereses y la supervivencia en el poder de Pedro Sánchez.

Por tanto, las víctimas de ETA ven tras esa desidia una estrategia calculada del Gobierno para evitarse un problema político. A sus 73 años, y arrastrando problemas de salud que le obligaron a visitar un hospital mientras vivía en la clandestinidad -lo que llevó a su detención-, en Moncloa no hay muestra de interés alguna por traer de vuelta a Josu Ternera. «Parece que buscan alargar el proceso y que pase lo que le queda de vida en Francia», señalan fuentes del colectivo. Una «impunidad» que produce indignación entre quienes sufrieron en sus carnes algunos de los atentados con los que se relaciona a Ternera.

Sin juez de enlace

Ternera debería estar, a estas alturas, preparando las maletas en Francia para presentarse al juicio en la Audiencia Nacional -previsto para enero- por el atentado de 1987 contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. No es asunto menor: la Fiscalía le pide 2.354 años de cárcel. Sin embargo, París no da luz verde a su entrega y el juicio está paralizado.

Un alto funcionario de la Asamblea francesa se ha reunido recientemente en la embajada de Madrid con representantes de las víctimas de ETA para trasmitirles que si el proceso de entrega está bloqueado es, en buena parte, porque el Gobierno no ha cubierto la vacante de juez de enlace en Francia. Un puesto que lleva un año vacío y cuya labor en París sería esencial para traer a España a Ternera y a otros jefes de ETA.

Tras las explicaciones francesas, la conclusión a la que llegan las víctimas tras ese encuentro de la asociación Dignidad y Justicia es demoledora: «No hay interés en Moncloa» por traer a Ternera.

Este viernes vio la luz, al menos para el gran público, el documental de Netflix No me llame Ternera, producido por Jordi Évole. Su contenido se conoce desde la presentación ante la prensa en el Festival de San Sebastián, donde estaba presente OKDIARIO: en resumen, Ternera instrumentaliza el metraje de Évole para tratar de librarse de los 2.354 años de prisión que le reclaman, alegando taxativamente que él no dirigía ETA cuando la banda cometió el ataque contra la casa-cuartel de Zaragoza. Ése es el principal argumento de su defensa, que de continuar la desidia del Gobierno de Sánchez por extraditarle, ni siquiera tendrá que presentar ante un tribunal.