Varapalo del Supremo a Podemos: archiva sus acusaciones de ‘lawfare’ contra García-Castellón

El Tribunal Supremo ha tumbado definitivamente la querella de Podemos contra los jueces de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y Joaquín Gadea, a los que atribuían un delito de prevaricación por reabrir la investigación contra el partido político por presunta financiación ilegal. La querella fue presentada en noviembre. La Sala de lo Penal ya inadmitió la petición del partido morado y ahora, en un auto consultado por OKDIARIO, lo confirma.

Podemos desde ya hace varios meses abrió una guerra a los citados magistrados de la Audiencia Nacional. Cargan contra el titular y el magistrado de apoyo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 por reabrir las diligencias contra la formación y sus líderes por presuntos delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales y delito fiscal, en base a las declaraciones y documentos aportados por el ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal.

La Sala de lo Penal del Supremo inadmitió la querella hace un mes. Consideró que los hechos denunciados por Podemos no eran constitutivos de delito porque en las decisiones adoptadas por los instructores ni hubo mala fe ni fueron injustas.

Los magistrados entendían que los hechos aportados por El Pollo «guardaban relación con el objeto de la investigación que se había llevado a cabo» en 2016, y que fue archivada, por lo que «ante esta nueva información» los jueces estaban «obligados» a investigar para verificarla.

La decisión del Supremo no gustó en Podemos y decidieron presentar un recurso de súplica y la Sala Segunda, que preside Manuel Marchena, lo ha rechazado igualmente. En un auto en el que Carmen Lamela ha ejercido de ponente, el Supremo resuelve que la inadmisión acordada «es ajustada a Derecho, por lo que procede su total confirmación».

En su recurso de súplica, Podemos lamentaba que el Alto Tribunal no hubiera «reclamado y revisado la causa instruida por los magistrados querellados, y con ello, todas y cada una de las resoluciones dictadas por aquéllos» para valorar su actuación.

Los de Ione Belarra remarcaban además en que «se siguió una causa general» porque «no existía hecho alguno que justificara la reapertura», indicando que el testimonio de Carvajal carecía de «un mínimo de verosimilitud objetiva», ya que «provenía de una persona cuya extradición había sido solicitada por Estados Unidos por delitos de narcotráfico».

Ponían el foco en que los magistrados se habrían excedido en sus pesquisas porque, pese a que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional limitó el alcance de las diligencias a practicar, en respuesta a recursos de la Fiscalía, las acabaron haciendo «por la vía de los hechos consumados».

«Consecuencia de ello fue una investigación completa de las cuentas del partido político y de todo el patrimonio de personas afines ideológicamente al mismo», aseguraban desde Podemos. Los morados remarcaba que, a su entender, «acordaron numerosas resoluciones indiciariamente arbitrarias e injustas, siendo además plenamente conocedores de dichas circunstancias».

No hay delito

Lamela contesta que, «aun admitiendo la veracidad» de lo relatado en la querella, los hechos reflejados en la misma no constituyen los delitos apuntados, lo que «permite prescindir de cualquier tipo de investigación encaminada a averiguar si tales hechos ocurrieron en la realidad».

«Este tribunal no duda de la veracidad del relato que efectúa el partido querellante (…) sobre el curso de la instrucción realizada por los querellados», «lo que no compartimos es que los hechos, tal y como son relatados en la querella, tengan relevancia penal», zanja.

Sobre los supuestos excesos investigadores, el Supremo aclara que no se ha pronunciado sobre «la idoneidad y necesidad de las diligencias de investigación llevadas a cabo por los querellados» porque este extremo «ya fue revisado y resuelto por quien era competente para ello, esto es, por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional».

Cabe recordar que finalmente las pesquisas volvieron a cerrarse, aunque de ellas surgió una nueva investigación contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental en relación con unas transferencias entre su empresa, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del ALBA por la elaboración de un informe de asesoría financiera.